*Con Graciela Domínguez, Rubén Rocha y Enrique Inzunza, siguen controlando el estado, señala Paloma Sánchez
Culiacán, Sinaloa, 04 de septiembre de 2026. Al sostener que aún con la llegada de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el Senador Enrique Inzunza Cázarez, siguen manteniendo el control político del estado, la Senadora Paloma Sánchez y un grupo de ciudadanos y abogados, reiteraron su exigencia de que desaparezcan los poderes del estado.
A través de un escrito enviado a los medios de comunicación, los manifestantes recordaron que hace aproximadamente tres meses, ciudadanos, profesionistas en general y abogados en especial así como empresarios, demandaron al Senado de la República la disolución de poderes en Sinaloa, como una forma de restituir el estado de derecho y con ello la paz y la seguridad en Sinaloa.
Aún cuando el gobernador Rubén Rocha Moya, solicitó el pasado 23 de agosto, una segunda licencia para separarse del cargo, misma quel le fue concedida por el Congreso, quien en su lugar nombró a Graciela Domínguez, «nada ha cambiado en Sinaloa», establecieron los demandantes.
Al respecto, la Senadora del PRI, Paloma Sánchez y el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, aseguraron que con Domínguez, permanece la crisis de violencia e inseguridad y el estado continúa «sumido en homicidios, desapariciones, desplazamientos, cierre de negocios y pérdida de empleos. Pese al reclamo social, nada ha cambiado, en Sinaloa todo está peor”.
La legisladora Paloma Sánchez, sostuvo que «Rubén Rocha Moya continúa protegido por Morena, controlando el gobierno estatal, el Congreso de Sinaloa y el poder judicial del estado junto a Enrique Inzunza».
Además afirmó que ninguna licencia, renuncia o abandono de bancada resuelve el problema y cuestionó que el exsecretario de Gobierno mantenga el fuero constitucional.
“En Sinaloa mandan los criminales y en Morena manda Rocha”, acusó.
Sánchez Ramos advirtió que la crisis afecta de manera directa a las familias sinaloenses, lo que se expresa en negocios cerrados, familias que abandonan el estado por falta de empleo, colegios bajo amenaza y padres que retiran a sus hijos de las escuelas por temor a que los asesinen.
Estableció que “cada día que pasa, Sinaloa sigue sumido en la violencia y la catástrofe económica”, ante lo cual pidió a la nueva gobernadora escuchar a las organizaciones civiles que, dijo, representan el verdadero sentir de la población.
Por su parte, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, exigió al Senado actuar ante los señalamientos contra funcionarios de Sinaloa.
Señaló, además, que la solicitud de desaparición de poderes busca “limpiar totalmente el Estado” y recuperar la paz y la libertad de los sinaloenses.
Recordó que 55 organizaciones de la sociedad civil participaron en una movilización para exigir que ningún personaje ligado al anterior gobierno permaneciera al frente del estado y cuestionó la permanencia de funcionarios vinculados con la administración de Rocha Moya.
Finalmente, Beltrán Verduzco informó que el próximo 13 de septiembre realizarán una nueva marcha para expresar «el hartazgo ciudadano, con motivo del segundo aniversario de la Narcoguerra que vive Sinaloa».