Trump fue demandado en septiembre de 2022 por mentir durante una década sobre el valor
de sus activos y su patrimonio neto para obtener mejores condiciones en préstamos
bancarios y seguros.
Donald Trump y su empresa familiar fueron declarados culpables de fraude en la
demanda civil de la fiscal general del estado, Letitia James, que acusa al expresidente de
Estados Unidos de inflar ilegalmente sus activos y su patrimonio neto.
La decisión fue emitida por el juez Arthur Engoron del tribunal estatal de Nueva York en
Manhattan.
James demandó a Trump en septiembre de 2022, acusándole a él y a la Organización
Trump de mentir durante una década sobre el valor de sus activos y su patrimonio neto
para obtener mejores condiciones en préstamos bancarios y seguros.
Ella afirmó que Trump infló su patrimonio neto hasta en 2,230 millones de dólares, y en
una medida hasta en 3,600 millones de dólares, en declaraciones financieras anuales
entregadas a bancos y aseguradoras.
La fiscal general afirmó que entre los activos cuyo valor se infló figuran la finca de Trump
en Mar-a-Lago (Florida), su ático en la Torre Trump de Manhattan y varios edificios de
oficinas y campos de golf.
En los próximos diez días, los acusados deben recomendar a tres personas como máximo
para que gestionen la disolución de las empresas relacionadas esas licencias canceladas,
según indica el dictamen, revisado por EFE.
Engoron señaló que Trump hizo declaraciones que multiplicaban por tres el tamaño real de
su apartamento en la Torre Trump y opinó que una “discrepancia de tal magnitud, por un
desarrollador inmobiliario que exagera su propio espacio de vivienda durante décadas, solo
se puede considerar fraude“.
La semana pasada, en una audiencia, el juez ya pareció inclinarse por los argumentos de los
fiscales, que recordaron que en un solo año Trump llegó a exagerar sus activos en 2.200
millones de dólares.
Además, declaró enfadado que “no se puede hacer falsas declaraciones (de condición
financiera) y utilizarlas en los negocios”.
Restringir la capacidad de los Trump para hacer negocios en el estado era una de las metas
de la denuncia interpuesta por la fiscal James a finales de 2022, en la que la autoridad
reclama una multa de 250 millones de dólares (228 millones de euros), cuestión que
previsiblemente se abordará en el juicio del próximo lunes.
El magistrado Engoron también rechazó una moción paralela de la defensa de Trump, que
solicitaba que se desestimaran todos los cargos, y ordenó sanciones de 7.500 dólares para
cinco de los abogados del expresidente.
La decisión supone un doble varapalo judicial para Trump, que pese a ser el claro favorito
del Partido Republicano para las próximas elecciones a la Casa Blanca, se enfrenta a una
larga lista de causas en los próximos meses, lo que podría complicar su campaña.
Aparte de este caso que va a juicio en menos de una semana, Trump afronta el año que
viene cuatro casos penales distintos que abarcan un total de 91 delitos. (Reuters y EFE)
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