Doctor Jesús Madueña. Perseguido.
Culiacán, Sinaloa, 20 de octubre de 2023. En respaldo y protección a la investidura de
rector conferida por la comunidad universitaria a Jesús Madueña Molina, el 08 de julio de
2021, el Consejo Universitario resolvió considerarlo “perseguido político” y ordenó al
encargado de despacho de rectoría, doctor Robespierre Lizárraga Otero, patentizar ante el
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su
“repudio y rechazo” total, a las determinaciones del Poder Judicial del Estado, porque
constituyen “un acto de violación a la autonomía y autogobierno” de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
Lo anterior, como parte de un punto de acuerdo con “varias aristas” (cinco apartados),
aprobado en la sesión del Consejo Universitario a propuesta del asesor jurídico de la UAS,
doctor José Ramón Bonilla Rojas quien dijo recoger la justa “indignación y rechazo” de los
universitarios al “atraco” sufrido por la Autónoma de Sinaloa por parte del Poder Judicial
del Estado.
En una sesión que tuvo como referente las expresiones de indignación y rechazo de los
consejeros ante la decisión del juez Carlos Alberto Herrera de separar provisionalmente de
la rectoría a Madueña Molina, el asesor legal de la institución propuso votar un acuerdo
cuyo primer punto consistió en considerar ‘perseguido político’ a Jesús Madueña Molina
para los efectos del Artículo 37 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la UAS y
el SUNTUAS.
Como segundo punto estableció la importancia de mantener a salvo todos los derechos
adquiridos en su desempeño como trabajador de la máxima casa de estudios.
En el tercer apartado, Bonilla puso a consideración del CU que apoye y avale que la UAS,
vía sus representantes legales, dé seguimiento a las impugnaciones presentadas para efectos
de “repudiar las determinaciones del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, que atentan
contra la Autonomía Universitaria en su vertiente de autogobierno”.
Caso atípico de violación al principio de autogobierno
Como apartado número 4, propuso al consejo tomar la determinación de que no corran los
plazos legales contemplados en el Artículo 35 de la Ley Orgánica de la UAS, “hasta una
vez que las autoridades judiciales competentes resuelvan la controversia legal que ha
‘indignado’ a la comunidad” en general y al máximo órgano de gobierno universitario.
Explicó que el rechazo de estudiantes y trabajadores a las determinaciones el Poder
Judicial, colocan a la institución “ante un caso atípico de ‘violación al principio de
autogobierno’, consagrado en el Artículo Tercero, fracción Séptima de la Constitución”.
En un quinto apartado, propuso ordenar al encargado de despacho de la rectoría, doctor
Robespierre Lizárraga Otero, para que presente ante el gobernador Rubén Rocha Moya,
ante la representación del Congreso del Estado, del Poder Judicial del Estado y ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el “rechazo y repudio” de la comunidad
universitaria a la determinación del Poder Judicial del estado, por considerar que sus
determinaciones violan la autonomía universitaria y su derecho al autogobierno.
Ante el atraco, indignación
La propuesta de Bonilla, vino a salvar una discusión que podría haber derivado en una
situación altamente compleja y de mayor enfrentamiento entre la Universidad y el Gobierno
del Estado.
Antes de su intervención, algunos consejeros habían comenzado a orientar hacia la
restitución de Madueña en el cargo, argumentando que, al destituirlo, el juez violó la
autonomía, pues el Tercero Constitucional garantiza a la UAS el derecho al autogobierno y
por derivación, el Consejo Universitario es la única instancia para nombrar y destituir a un
rector.
“Es comprensible la indignación que hay en todos y todas derivado del atraco que hay a la
autonomía universitaria, al autogobierno”, dijo Bonilla.
En acato a ese rechazo, consideró “pertinente y si así lo mira bien este presidium, proponer
un punto de acuerdo que tenga varias aristas, varias consideraciones para efectos de que
este consejo no quede inmóvil o incluso si la idea en este consejo es repudiar la decisión, y
no solamente eso, sino proteger al doctor Jesús Madueña Molina por la investidura que este
consejo le otorgó, es que considero pertinente lo siguiente y se propone a todas y a todos
ustedes”, expresó.
La propuesta de Bonilla fue aprobada en forma unánime por los consejeros, en sus
intervenciones previas habían externado su respaldo total a Madueña a gritos: ¡Madueña es
el rector, el Consejo lo nombró!
La resolución del CU se dio durante la sesión de este día celebrada en el auditorio
Eustaquio Buelna, de la Torre de Rectoría de la máxima casa de estudios.
Antecedentes del caso
Como ya se hizo público, el Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, ordenó separar a
Madueña del cargo, desestimando los argumento de la defensa.
“Usted no puede hacer eso señor juez…, Usted no puede separar del cargo al rector, estaría
violando la Constitución…, el Artículo Tercero es muy claro, garantiza la autonomía
universitaria…”, argumentó una y otra vez el abogado Milton Ayala Vega.
Más directo, el doctor Ramón Bonilla: “Si Usted resuelve separar del cargo al rector, Jesús
Madueña, estaría violando la Constitución, la Autonomía y el derecho al autogobierno…,
Usted no puede hacer eso, su señoría…”,
Una de varias tesis de jurisprudencia: “ni siquiera un juez de Distrito tiene facultades para
separar del cargo a un rector…, eso es facultad del Consejo Universitario”, argumentó el
abogado Yamil Valdez.
Varias observaciones legales más y tesis de jurisprudencia, no lograron convencer al juez ni
desestimar la petición de la Fiscalía. Así, el 17 de octubre alrededor de las 11 de la noche,
resolvió separar del cargo al rector universitario.
La Fiscalía de Justicia, fundó su solicitud en la observación de que Madueña Molina e
integrantes del Comité de Compras de la Autónoma de Sinaloa, fueron omisos a sus
solicitudes de información para dar continuidad al proceso investigativo que se les sigue
como imputados por Ejercicio indebido de la función pública, al no haber licitado la
compra de tortillas, totopos, y productos de maíz por un aproximado de 18 millones de
pesos durante el periodo 2018-2022.
Según la defensa, la autoridad estatal es incompetente para investigar a la UAS y menos
resolver la destitución del rector por tratarse de una institución que es financiada con
recursos federales y, como tal, periódicamente es auditada por la Auditoría Superior de la
Federación.
Otro argumento de la Fiscalía que sustenta la resolución del juez, fue en el sentido de que
Madueña y demás funcionarios implicados, cuentan con “poder” y “podrían ocultar,
destruir, manipular o desaparecer” documentos e información relevante para el avance de la
investigación.
Además, según la Fiscalía, de continuar en el cargo, los universitarios “podrían influir” en
futuras declaraciones de empleados o bien orientar “acciones de resistencia” en la
comunidad universitaria.