Madres buscadoras en Catedral. Sin políticas públicas para combatir la desaparición
forzada, las madres buscadoras sustituyen el trabajo que debe hacer el gobierno.
No es normalidad lo que nos pasa en materia de desapariciones forzadas. Las padecemos
desde haced casi medio siglo en Sinaloa, pero es imposible ver esa práctica como parte de
nuestra vida cotidiana o el mal colateral de la vida económica, política y social que
padecemos. Es hora en que la sociedad, no solo los familiares de las víctimas, vecinos y
amigos, señalemos de manera abierta que se ha llegado al límite, pues el fenómeno amenaza
con lastimar nuestro tejido social con daños irreversibles.
Comencemos por convencernos de que no existe una política pública para detener la práctica
de la desaparición forzada y que el manto de la impunidad que ello genera alimenta dicho
fenómeno.
Esta aseveración no requiere demostración alguna, basta observar sin mucha profundidad lo
que pasa en la calle, a lo largo y ancho del estado, para imponernos de que tres ciudadanos no
regresan a su casa cada día. Increíble, pero cierto. Y ello es como un axioma en matemáticas:
no necesita demostración alguna. No tenemos una política de Estado que apunte a poner
punto final a la desaparición forzada y el fenómeno persiste para la mayor angustia social.
En las últimas semanas la sociedad sinaloense ha conocido la desaparición de los ciudadanos
Javier Maximiliano Carrillo, Paul Omar Pérez, Francisco Quintero y Víctor Johbany Marín.
En los dos primeros casos la denuncia incansable y el activismo desplegado en torno a las
familias, permitió volver a verlos al seno de sus hogares y a la escuela y su trabajo.
En los dos últimos casos seguimos insistiendo ante la Fiscalía General del Estado para que se
despliegue el trabajo de búsqueda de Francisco y Víctor Johbany. Nos preocupa que mientras
hay una enfermiza lentitud de parte de investigadores y agentes del ministerio público, con la
tranquilidad que les da el manto de la impunidad, los delincuentes hacen llamadas a las
familias para amenazarlas, sobre todo si ven que se movilizan o hacen uso de las redes
solicitando la ayuda ciudadana para localizar a sus seres queridos.
Hay un patrón de conducta de quienes privan de la libertad a mujeres y hombres en Sinaloa:
observan cuidadosamente las redes sociales en las que participan los familiares de los
desaparecidos, además de estar atentos a lo que se mueva en las carpetas de investigación de
esos casos.
Una de las tareas que nos incumben a todos, a las autoridades en primer lugar y luego a la
ciudadanía, es encontrar el hilo de la madeja que lleva la información en las carpetas de
investigación a los responsables de la privación de la libertad de las personas desaparecidas.
No sólo resultan unos expertos en el manejo del mundo digital, sino extraordinariamente
hábiles para hacerse de información exclusiva de los agentes de investigación y de los
ministerios públicos encargados de cada caso.
Hay omisiones y negligencias de agentes de investigación y de los ministerios públicos que
deben ser registrados en la memoria pública, pues ello impide que las carpetas caminen con la
velocidad que cada caso reclama y que desde un principio las indagatorias apunten hacia
objetivos claros buscando esclarecer los casos y que los responsables comparezcan ante la
autoridad competente.
Es necesario que se funde un Consejo Ciudadano que vigile el actuar de la autoridad, pues de
otro modo las carpetas de investigación se acumulan y los casos más viejos van formando
montañas de papel sin que indiquen un punto de llegada.
Mantener los ojos observando cada paso que se haga en favor de la investigación marcará el
inicio de una nueva era en la lucha por la presentación de los desaparecidos. Este Consejo
será una instancia cercana a los colectivos de familiares y la mano de la sociedad en este tema
tan delicado.
Por todo ello digamos que, es muy necesario hacer una profunda revisión a la legislación que
hasta hoy da marco en materia de desaparición forzada de personas y darle una sacudida a la
burocratización del trabajo de la Fiscalía Especializada en la Desaparición Forzada de
Personas.
Y eso no se logrará con la simple crítica de los colectivos, de los activistas defensores de
derechos humanos y de los medios que se han interesado en el problema.
Es necesario que de la crítica que se ha llevado a cabo se dé el salto a la organización social,
que lleve a la realización de convenciones o de un congreso, en donde se analicen el estado
que guarda el problema de la desaparición forzada, las dificultades que los colectivos de
familiares enfrentan durante su incansable lucha y se aprueben las tareas que debemos
realizar.
El Congreso o Convención si se constituye por el número de colectivos y de familiares y de
un universo importante de organizaciones civiles que simpatizan con el movimiento de los
familiares y con la solidaridad de los medios, tendrá autoridad moral para exigir una
conducta adecuada de los funcionarios que tienen como tarea la procuración de justicia de los
casos de desaparición forzada y se convertirá en una instancia de alto impacto en materia de
desaparición forzada y en un fuerte valladar ante quienes pretendan continuar con la
reprobable práctica de privar de la libertad a los ciudadanos y ciudadanas.
Una tarea inaplazable es la elaboración de un protocolo de la sociedad civil que permita la
reacción organizada de los colectivos de familiares, de las organizaciones de la sociedad civil
que simpatizamos con los colectivos y los medios de comunicación que en la práctica
difunden las noticias y reclamos en el tema de la desaparición forzada. El Congreso bien
puede hacer esa invaluable aportación. Y eso esperamos que nos obsequie el próximo 26 de
septiembre. Vale.
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