Ciudad de México, 13 de octubre 2024. La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados
de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), expresó su
más enérgica protesta al hecho de que el Senado de la República haya seleccionado
mediante tómbola, las plazas judiciales cuya definición será finiquitada en elecciones en
2025 y otras en 2027.
El hecho fue considerado como “un acto verdaderamente humillante que en forma alguna
encuentra sustento legal, pues se jugó al azar con la vida profesional no solo de las personas
juzgadoras, sino también de los juzgadores de confianza y de las familias de todos ellos”.
En un comunicado emitido en su cuenta X, la JUFED acusa que a través de la intromisión
de un poder distinto al Judicial Federal se decidió la terminación arbitraria de la función del
50% de los juzgadores de carrera en el año de 2025 y el resto en 2027, violando todas las
reglas de acceso a la jurisdicción nacionales y convencionales.
Además, cita el escrito, se incurrió en un nuevo incumplimiento a las suspensiones
decretadas por la justicia federal que, en muchos casos pasaron por la revisión solicitada
por las autoridades responsables quienes no lograron demostrar su ilegalidad.
Por esa razón, el documento de la JUFED, acusa que los actos del Poder Legislativo violan
flagrantemente el estado de derecho y continúan de manera sistemática con el rompimiento
de nuestro orden constitucional.
El procedimiento en cita, es a todas luces un acto nulo y debe dejarse sin efecto.
La JUFED informa que brindará todo el apoyo y acompañamiento jurídico a todas las
personas juzgadoras cuyos derechos humanos y laborales fueron atropellados a través de
esta acción arbitraria, dice finalmente el escrito firmado electrónicamente por la jueza
Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Jufed.
La respuesta de la JUFED se da justo un día después en que el Senado de la República
realizó en sus instalaciones una “tómbola judicial”, en la cual mediante sorteo supervisado
por un notario público y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE),
decidieron cuáles serán las 464 magistraturas y 386 juzgados de Distrito, deberán ser
sujetos a elección por voto popular en 2025.
El Poder Judicial de la Federación, se compone por un total de 927 magistrados de circuito
y 772 juzgados de distrito. En la sesión de ayer, se acordó que el resto, 463 magistrados y
386 juzgadores, serán sometidos también a elección popular en 2027.
Con ello, el Senado de la República da cumplimiento a las controvertidas reformas al Poder
Judicial propuestas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a las cuales ha
dado impulso la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Lo anterior, en un escenario de aplastante mayoría del partido dominante Morena, tanto en
el Senado como en el Poder Legislativo, gozando también de mayoría en 29 de los 32
estados de la República.
En ese contexto, la aprobación de la citada legislación ha dado lugar a una encarnizada
resistencia por parte de los juzgadores federales, quien la atribuyen más a una acción de
venganza de López Obrador, que a un acto de verdadera preocupación por mejorar el
sistema de justicia de México, hundido en la corrupción durante décadas, pero dado la
composición del actual gobierno, no existen augurios para pensar que las cosas mejorarán
bajo el gobierno de Morena.
Por lo pronto, en un claro rechazo al método de selección empleado ayer por el Senado, la
magistrada María Emilia Molina, presidenta de la JUFED acuso a los senadores de haber
incurrido “en un ejercicio incompleto que pretende disfrazar la acción del Estado que
violenta frontalmente todos los derechos humanos de las personas juzgadoras y de las
mujeres”.
Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal informó al Senado de la República, que 25
magistrados y cuatro jueces de distrito no participarán en las elecciones a cargos del Poder
Judicial, como tampoco en las jornadas de elección que se llevarán a cabo el 1 de junio de
2025 y en 2027.
Ellos son cuatro jueces de distrito de Guerrero, Nuevo León y dos de la Ciudad de
México, al igual que 25 magistrados de circuito de tribunales colegiados de materia Civil,
Penal, del Trabajo, Administrativa y Apelaciones.
