Francisco Javier Villarreal. Si el gobierno no toma medidas efectivas, no regresará la paz a Sinaloa.
Culiacán, Sinaloa, 25 de noviembre de 2024. Al considerar que Sinaloa se encuentra en una situación lastimera a causa de la inseguridad y la violencia, cuyo epicentro es Culiacán, seguido por Mazatlán, Navolato, Elota y Concordia, y que no logrará restablecerse la paz y la tranquilidad sin una acción coordinada de las autoridades, el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Francisco Javier Villarreal, se pronunció por el establecimiento de un Toque de Queda. De acuerdo con la Ley, hay condiciones para imponer un estado de excepción en virtud de que la delincuencia se encuentra desatada y sin control por parte del Estado, dijo al poner hincapié en los últimos hechos violentos de este domingo 24 de noviembre.
Ayer, desde las primeras horas de la mañana, se suscitaron enfrentamientos entre civiles armados que se extendieron a Navolato y alrededor del medio día y el curso de la tarde en las colonias Villa Universidad, Plaza Sendero y sector Humaya, se reportaron fuertes enfrentamientos a balazos.
Durante los hechos se reportó la muerte de al menos cuatro personas y otras cuatro privadas de su libertad, además de dos domicilios balanceados e incinerados.
La situación se extendió durante la noche y se agudizó alrededor de las 2 de la mañana, cuando a través de las redes sociales se reportaron hombres armados destruyendo las videocamaras de la ciudad así como fuertes balaceras en todas las colonias de Culiacán.
Según el reporte está mañana, las balaceras fueron dirigidas a destruir las 80 camaras de videovigilancia instaladas por la Secretaria de Seguridad Pública en Culiacán.
Sobre los hechos, el líder de los abogados, Francisco Javier Villarreal, expuso la necesidad de que haya coordinación efectiva entre las autoridades y planteó establecer los operativos carrusel, que en otras épocas han dado buenos resultados.
A más de 70 días de enfrentamientos armados entre dos facciones del Cartel de Sinaloa que luchan por el control, luego de la extracción de Israel El Mayo Zambada, el abogado considera que la situación de violencia e inseguridad no será rebasada sin que las autoridades del estado implementen medidas efectivas para su combate.
En un escenario de permanentes enfrentamientos a balazos entre civiles armados y entre estos y el Ejército, Guardia Nacional. Y Policías Estatales, el abogado consideró que el toque de queda temporal sería la solución para el problema.
«No podemos decir que se imponga toque de queda para siempre, no… Las autoridades podrían establecer un toque de queda por una semana… Hablar con la gente para imponer un horario, pedirles que a determinada hora se encierren en sus hogares, porque ellos necesitan plena libertad para salir a controlar a la delincuencia y que el pago será regresarles la paz y la tranquilidad y la libertad que les conceda la Ley … Eso es lo que debe hacer la autoridad, para eso serviría el toque de queda», apuntó Villarreal.
Del otro modo, dijo, es la delincuencia la que está imponiendo el toque de queda, porque los ciudadanos conscientes del riesgo de ser levantados, despojados de su vehículo o asesinados por error en una balacera, solos se han autoimpuesto el toque de queda, pues han decidido, por miedo, encerrarse temprano en sus casas y han renunciado a salir por la noche».
En la opinión del abogado, con más de 11 mil efectivos militares y de policías locales con su respectivo armamento, el Estado, cuenta con la fuerza y la capa cidad suficiente para controlar la situación que estamos viviendo, es cuestión que lo decida.
Precisó que para el establecimiento del Toque de queda, sería necesario que el gobernador Rubén Rocha Moya, por un asunto de Seguridad Pública de los Sinaloenses, haga la solicitud a la Cámara de Senadores y estos a su vez autoricen la petición.
Villarreal lamentó que mientras no se tomen medidas efectivas, los sinaloenses continuarán siendo las víctimas colaterales de la violencia que en los últimos 70 días ha dejado una estela de más de 400 personas asesinadas, más de 500 desaparecidas, cientos de carros robados, domicilios incinerados, cientos de desplazados y daños al comercio, agricultura y economía en general por más de 15 mil millones de pesos.