Culiacan, Sinaloa, 24 de septiembre de 2025. Al considerar que Sinaloa registra un atraso en materia de legislación de procedimientos administrativos, lo que provoca discrecionalidad en plazos y formas de resolver trámites, falta de claridad sobre efectos del silencio administrativo, vacíos en el derecho de audiencia y sanciones administrativas entre otros, la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), anunció que insistirá ante el Congreso del Estado para que se apruebe cuánto antes la iniciativa de Ley propuesta por este organismo.
En conferencia de prensa, Julio César Silvas Inzunza, dirigente del organismo empresarial, lamentó que los diputados de la pasada legislatura del Congreso del Estado, ni los actuales, hayan dictaminado esta iniciativa.
Además, observó que la actual administración no ha mostrado empatía con emitir una regulación del tipo que se propone.
El presidente de la ADECEM, señaló que a diferencia de Sinaloa, esa herramienta legal ya existe en 27 de los 32 estados de la República Mexicana.
Destacó que con esa ley, se proponen lograr la existencia de regulación y uniformidad la existencia en la manera en que la administración pública y los organismos descentralizados, interactúan con los particulares, para que haya protección y garantía de los derechos de la ciudadanía.
Observó que, “si bien es cierto, ya existe una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Sinaloa, una Ley de Justicia Administrativa y de Responsabilidades Administrativas, y una Ley de Gobierno Municipal, en ninguna de ellas se regulan temas de funcionamiento general de la administración pública, sino tópicos muy limitados”.
Destacó que la ausencia de esta Ley de Procedimientos Administrativos en Sinaloa, «provoca discrecionalidad en plazos y formas de resolver trámites, falta de claridad sobre efectos del silencio administrativo, vacíos en el derecho de audiencia, en sanciones administrativas y actos arbitrarios de autoridades municipales y del estado».
Todo lo anterior, plantea la necesidad de que haya reglas claras y uniformidad en trámites.
Por esa razón, Silvas Inzunza advirtió que nuevamente presentarán la iniciativa a finales de octubre ante el Congreso del Estado.
Con ello se proponen que el funcionamiento de los ayuntamientos y la administración pública estatal tengan una regulación clara y los ciudadanos sepan a qué atenerse, pues la misma establecería todos los requisitos de las peticiones, los requisitos del acto, las causas de su invalidez, la integración de expedientes por cada caso y su forma de archivar, los tiempos que tiene la autoridad para actuar, así como la consecuencia en caso de no hacerlo.
Es decir, puntualizó, si un particular solicita la expedición de un permiso o licencia y la autoridad no contesta en un plazo razonable, que se extienda otro y así este particular no continúe sin poder operar por la falta de esta licencia, permiso o autorización.