Culiacán, Sinaloa. 23 de octubre de 2025. En un contexto de evidente corrupción, lo que ha dado lugar a la existencia de un sistema de autogobierno, propiciador de constantes riñas por territorio, tráfico de drogas y armas de fuego, la bancada de Morena, envío al Congreso del Estado, una iniciativa de Ley con la cual propone consolidar un sistema penitenciario eficiente, legal, seguro y respetuoso de los derechos humanos.
A través de esta propuesta hecha llegar a la 65 Legislatura, los y las, diputadas de Morena, consideran podible mejorar la supervisión y control de los centros penitenciarios y elevar la profesionalización del personal que ahí labora.
Lo anterior a través de un conjunto de reformas y adiciones a la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado de Sinaloa, contenidas en la iniciativa de Ley, que recibió primera lectura en la sesión de este jueves 23 de octubre.
La propuesta que en próximas sesiones será analizada y debatida en el pleno por los diputados de todas las fracciones parlamentarias, propone establecer mecanismos permanentes de supervisión judicial, control institucional y profesionalización del personal, en todas las penitenciarias del estado.
La citada iniciativa, cobra relevancia en el actual contexto de corrupción y la existencia de un sistema de autogobierno que prevalece en los espacios carcelarios de la entidad y que se ve reflejado en constantes riñas internas por territorio, tráfico de drogas y de armas de fuego y una clara ausencia de autoridad gubernamental.
Así, la propuesta de la bancada, plantea establecer una evaluación trimestral de desempeño y profesionalización, y realizar inspecciones periódicas para verificar las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene en todos los centros penitenciarios.
En el escrito, plantea que el personal de custodia deberá contar con registro y certificación vigente emitida por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
También considera necesario formalizar la facultad de las y los jueces de ejecución, realizar verificaciones bimestrales, así como institucionalizar un mecanismo de control judicial regular, que contribuya al equilibrio entre legalidad y operatividad.
Un apartado de la iniciativa establece también que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, deberá remitir informes trimestrales, con diagnósticos operativos, considerando la situación de la infraestructura penitenciaria, fortaleciendo así la articulación entre instituciones del Sistema Estatal de Seguridad, entre otras propuestas.