Culiacán, Sinaloa, 29 de enero 2025. El acuerdo para culminar los procesos penales derivados del diferendo con el gobierno del estado «no fue en lo oscurito» ni «a ultranza» fue apegado a la Ley, «porque los funcionarios universitarios fueron vinculados a proceso, por no realizar la adquisición de bienes en los términos de la Ley Estatal de Adquisiciones, es decir, por no licitar, informó Milton Ayala Vega.
El abogado defensor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), dijo lo anterior al aclarar:
La vinculación a proceso de los funcionarios, » no fue porque agarraron el dinero y se lo metieron a la bolsa, no fue porque lo transfirieron a sus cuentas», los procesos penales, «y lo puedo demostrar a quien sea» fueron por causas específicamente administrativas. «Nosotros sostuvimos que el recurso era federal y que la competencia (para conocer del caso) era de los jueces federales y los jueces federales nos dieron la razón», aseguró.
Por cuestiones de trámite, explicó que se acumularon los procesos en uno solo y dos de los imputados, Salvador Pérez Martínez y el maestro Manuel de Jesús Lara Salazar, solicitaron una «suspensión del proceso a prueba», que es una forma de concluir un proceso sin juicio, mediante la autorización del juez, y eso se hizo.
Señaló que está figura legal, está tutelada en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En lo que respecta al rector Jesús Madueña Molina y al ex rector Juan Eulogio Guerra Liera, el abogado señaló que los jueces federales en tribunales colegiados dieron la razón a los universitarios y ordenaron al juez local eliminar los autos de vinculación a proceso.
Este ordenamiento está en marcha y solo se ha quitado una vinculación a proceso, aclaró Ayala Vega.
Sobre el tema, reveló que tanto el Consejo Universitario como los directores, acordaron que no se llegara a juicio y se buscara una salida alterna y por eso se eligió solicitar «la suspensión del proceso a prueba».
Esto último se resolvió en la audiencia de ayer martes, y el Comité de Adquisiciones 2019-2021, planteó el pago de 10 millones de pesos y cantidad similar para el Comité que operó en el periodo 2021-2022.
Cómo ninguno de los universitarios involucrados en el proceso, cuenta con esa cantidad y al haber un plazo de seis meses, se buscará cumplír con el pago de ese monto, precisó el licenciado Milton Ayala.
Señaló sin embargo, que el pago de esa cantidad se aceptó a partir de considerar que «el procedimiento de suspensión del proceso a prueba» no implica el reconocimiento de ninguna culpabilidad, tan es así que pasados los seis meses, el Juez dictará conforme a procedimiento un sobreseimiento con efecto de sentencia absolutoria.
Finalmente, Ayala Vega, puntualizó que a los involucrados en este proceso no les quedarán antecedentes penales.
Lo anterior en virtud de que «no se configuró daño patrimonial a la UAS, pues lo que se pretendió sancionar, era el incumplimiento de un proceso administrativo y no el apoderamiento de sus recursos económicos».