De izquierda a derecha: Robespierre Lizárraga, Willy Ibarra, Dr. Jesús Madueña, Sofia de
Madueña y abogado Milton Ayala Vega. Sigue la embestida.
Culiacán, Sinaloa, 01 de febrero 2024. Con la evidente finalidad de propiciar una
reposición del proceso en contra de autoridades universitarias, para en caso de que hubiese
una sentencia o una absolución de parte de autoridades federales, “hay componendas” de la
Fiscalía General del Estado y el Juez de Control Carlos Alberto Herrera, al permitir que en
las audiencias participe un asesor jurídico que nadie nombró, violando así el derecho al
debido proceso y en franca omisión a los resolutivos de un Juez Federal.
Lo anterior fue dado a conocer por el abogado Milton Ayala Vega, luego de la audiencia
programada para este día para la revisión de medidas cautelares en contra del rector titular
de la UAS separado temporalmente del cargo, Jesús Madueña Molina y Robespierre
Lizárraga Otero, misma que se difirió para el próximo 13 de febrero.
Ayala Vega informó al Juez y corrió vista a la Fiscalía del auto emitido por el Juez Segundo
de Distrito sobre el amparo 1255/2023, en contra de que autoridades estatales auditen los
recursos propios o autogenerados por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
A ese respecto, al salir de la audiencia, Ayala Vega detalló que el Juez estableció que en ese
amparo y en esa causa, los tribunales colegiados determinaron que los recursos propios de
la Universidad o autogenerados son particulares, el Juzgado Segundo en el mes de
diciembre determinó que la Universidad tenía el carácter de tercero interesado u ofendido
en esta causa y debe ser llamada para que nombre un asesor jurídico.
En atención a este resolutivo, consideró que el Juez de Control tendría la obligación de
llamarla, “pero ante esas injusticias que ustedes ven, es claro que se resistieron aun cuando
teníamos la determinación, sobre todo cuando a ellos ya les notificaron esas
determinaciones”.
Explicó que, en apego al derecho, “le corrimos vista a la Fiscalía” porque “quien está
cometiendo un delito es el asesor jurídico porque nadie lo ha nombrado y está interviniendo
en un proceso del cual no es parte”, dijo Ayala Vega a los reporteros.
Componendas para reponer el proceso en caso de una absolución
Precisó que la obligación del Juez de Control es vigilar que el proceso se lleve a cabo y
llamar a la Universidad para que nombre a un asesor jurídico “y lo que se presenta es una
violación al debido proceso porque está un asesor que nadie ha nombrado lo que
impactaría en una sentencia o en una absolución que tuviera que dar lugar a una reposición
del proceso y eso es lo que la Universidad quiere evitar para que esto fluya”, dijo.
Indicó que “si estuviéramos en un real estado de derecho o si se estuviera aplicando la Ley
conforme lo mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución, el
Juez de Control estaría obligado a llamar a la Universidad.
“Sin embargo ahorita, aun cuando se traía la resolución, se les dijo que ellos tienen acceso
al expediente…, se les dijo que teníamos el documento…, el juez hizo oídos sordos a eso,
eso obviamente afecta en el procedimiento”, apuntó Ayala.
Precisó que el juez federal al advertir el estado de cosas ordenó llamar a la UAS; aseguró
que por el sesgo tomado por los acontecimientos, es posible establecer que quienes están
violando la Ley son ellos. ¿Al asesor jurídico victimal quién lo nombró? ¿De dónde salió o
por qué está? y ¿por qué lo están dejando actuar? obviamente porque hay componendas”,
opinó.
Por su parte, el encargado de Despacho de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, dijo
durante la audiencia que acudió enfermo, porque los médicos se abstuvieron de darle un
comprobante de mal estado de salud a raíz de declaraciones de las autoridades de abrir
investigaciones en contra de quienes extiendan certificados de incapacidad para los
funcionarios que enfrentan este proceso judicial.
Ahí mismo, Lizárraga Otero solicitó al Juez un extrañamiento para la Fiscal General del
Estado, Sara Bruna, por las expresiones que de manera personal hizo ante medios de
comunicación sobre la amenaza velada a los médicos.
“Acudo aquí con una afección respiratoria, puede solicitar incapacidad por mi salud, pero
los médicos se sienten amedrentados porque si me extienden incapacidad Sara Bruna
mandará policías a investigarlos y hostigarlos, como ya lo están haciendo con funcionarios
universitarios”, precisó Lizárraga.
Por su parte el doctor Jesús Madueña Molina, calificó de lamentables las declaraciones de
la Fiscal; señaló que aquí la ofendida es la Universidad y sus autoridades, y van a seguir
asistiendo como siempre esperando que se tenga imparcialidad en la impartición de justicia.