¿Dónde están? Pregunta que se eterniza.
̶ Es obvio que el futuro está lleno de amenazas, de riesgos, de inseguridades. ̶ Eso nos dice
Benedetti en su cuento Vaivén, pero no lo hace interesado en meter miedo allí donde los
ánimos de lucha sufran de anemia. El descubrimiento del horizonte con el que tropieza la
utopía buscada pretende que haya conciencia plena de esa situación, con el fin de que los
recursos de que nos valgamos sean más efectivos y no desmayen a medio camino. Y habrá
que asumir lo sinuoso y lo disparejo del camino por andar. Más frente a un problema que ha
consumido a dos generaciones de Madres con hijos desaparecidos sin encontrar la solución
final del problema.
Los medios de comunicación han prestado interés por el tema en las últimas semanas. Y no
es para menos que así sea, pues la magnitud del problema es única en el mundo. Contando
además que bajo la situación vivida no se le ve fin a la práctica de la desaparición de
personas, mientras se complica el funcionamiento de las instituciones creadas para resolver el
problema, el crimen organizado reacciona cuando en las búsquedas de familiares le pisan
callos, en tanto la sensibilidad de la sociedad frente a la práctica en general de la desaparición
y de los casos en particular en los que es testigo, oscila entre el miedo y la disposición a
denunciar.
Los medios han buscado aportar datos sobre la desaparición de personas, partiendo de las
cifras oficiales y los datos que aportan los colectivos de familiares. Muy recientemente
informaron que el número de homicidios era de 1.5 diarios, en tanto el promedio de personas
registradas como desaparecidas alcanzaba el 1.7 de casos por día. Con estos números se
sustentaba que la cantidad de personas registradas como desaparecidas es superior a los
homicidios, ello sin contar los restos humanos que en búsquedas de familiares o hallazgos de
civiles se encuentran. La prensa afirmó que solo un 1 por ciento de los casos denunciados se
judicializan.
Y no ha faltado la réplica de parte de la autoridad, quien dice: ̶ Cabe señalar que, la
judicialización de una carpeta no es la única forma de hacer justicia ya que en varias
ocasiones se localiza a las víctimas y del análisis de la carpeta de investigación se aprecia que
no existen elementos para judicializar ya que no se configura un delito de las conductas
denunciadas. Y aporta un dato más: en el año de 2023 se resolvieron 343 carpetas. Algunas
de ellas por incompetencia, pues la desaparición de personas se llevó a cabo en otra entidad
federativa. Con todo lo expresado por la Fiscalía General del Estado no tenemos registro de
que las esperanzas de las mujeres que forman parte de los colectivos hayan mejorado.
Sabemos que recientemente hubo una revisión general de carpetas de investigación, pero
sigue nuestra interrogante sobre los avances que ello aportó a la causa de esas incansables
Madres, Esposas e Hijas.
Todo se cimbró ante la revisión de casos por el gobierno federal. A finales de diciembre de
2023, el presidente Andrés Manuel López Obrado aceptaba la existencia de una cifra de 92
mil desaparecidos. Instancias del mismo gobierno federal tenían un registro de 110 mil
personas desaparecidas hasta agosto de aquel año. Y que para la fecha en que se hablaba de
los 92 mil, el registro ya alcanzaba los 113 mil. La polémica no se ha hecho esperar, dando
lugar a un desencuentro que nos parece no ayuda para nada a mejorar las relaciones gobierno
y familiares. Y lo peor, no está poniendo al Estado mexicano en condiciones de resolver el
problema.
Qué bueno que los medios no han dejado de lado este grave problema, que forma parte de lo
que hemos llamado crisis humanitaria. Nosotros retomamos el tema para insistir, como en
otras ocasiones, en que urge que el Estado mexicano elabore una estrategia para detener la
práctica de la desaparición forzada. Hasta ahora no se ha hecho y nos preguntamos si es que
las complicidades o participación abierta de servidores públicos en la desaparición misma de
personas tiene que ver en que no se dé esa voluntad manifiesta y comprometida de detener
esa nefasta práctica en México. Y no queremos quitar el dedo del renglón, pues si países
como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, entre otros, pudieron
clausurar sus dictaduras militares y detener sus recurridas desapariciones forzadas, ¿por qué
México no ha podido detener este delito de lesa humanidad. No hemos tenido dictadura
militar, pero tampoco hemos podido parar la desaparición forzada. Algo pasa y muy grave.
Si el Estado no puede hasta hoy cumplir la tarea de detener la práctica de la desaparición
forzada de personas, celebremos que los familiares de esas víctimas no guardaron silencio ni
se encerraron a cuatro paredes a llorar la tragedia familiar. Desde el primer momento,
mujeres como Rosario Ibarra de Piedra, Chuyita Caldera de Barrón, Rita Gaytán, Consuelo
Carrasco, Rosario Rodríguez, Margarita Velázquez de Alemán y muchas otras, se
organizaron y se fueron a tocar puertas de funcionario sordos y ciegos, y a ganar las calles y
las plazas públicas, reivindicando sus demandas de presentación de los desaparecidos. Los
viejos afanes y la decisión de no dar marcha atrás en la búsqueda de sus queridos familiares
están ahora muy presentes en la segunda generación de mujeres luchadoras (rastreadoras) que
hoy van a cada rincón del país donde hay algún indicio que las lleve a encontrar a un
desaparecido.
La postura del gobierno federal en diciembre pasado, la polémica que generó y que no
termina por acabar, ha provocado mayor interés de amplios grupos sociales por el tema y da
nuevos ánimos a los colectivos de familiares con desaparecidos. Conscientes en que el
presente régimen vive sus últimos meses, todos los estratos sociales que viven el problema de
cerca como agraviados o como la parte solidaria hacia el problema de la desaparición
forzada, deben plantear de manera organizada ante quienes encabecen próximamente el
Estado mexicano los siguientes puntos para una agenda nacional: el reconocimiento pleno del
problema de la desaparición forzada, el compromiso de enarbolar una política de Estado que
detenga la práctica de la desaparición forzada y la presentación de esa política pública (como
plan de acción) que paute esa voluntad del Estado de no admitir ni una desaparición más.
Vale.
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