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Los de apie

El periodismo como función social

Desapariciones forzadas y paz social

PorRedaccion los de apie

Ago 12, 2024

Ansiosamente, nos preguntamos entonces
sobre la esencia y el porvenir de nuestra patria.
Ernesto Sábato

Culiacán, Sinaloa, 11 de agosto 2024. De nueva cuenta familiares con desaparecidos se
plantan ante la Fiscalía General del Estado. Preocupa saber que la mayoría de los casos que
las familias denuncian se vuelven añejos sin que la autoridad nos cuente qué verdad
acompañó a cada una de las personas desaparecidas. Al menos sabemos que hay 4 mil 200
casos en la página de la Fiscalía esperando que el cuerpo de ministerios públicos que tienen la
tarea de su seguimiento desempolven las carpetas de investigación, retomen las líneas que
desde el principio los mismos familiares o testigos aportaron.
Nada parece mover la voluntad de esos MP y de los investigadores adscritos a sus oficinas.
Como si hubiera una apuesta al tiempo y a la resignación de los familiares.
Este jueves 8 del presente mes, los familiares de Víctor Jobhany Marín y Francisco Quintero
y de otros desaparecidos más, hicieron presencia ante las oficinas de la Fiscal Sara Bruna
Quiñones para reclamar que el paso de la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzadas
es lento hasta la desesperación en materia de investigación sobre los casos que tiene en sus
manos y que el derecho humano a conocer la verdad sobre los hechos que reclaman debe
encontrar asideros concretos. Y que la autoridad no puede regatear ni derechos ni recursos
para cumplir con esa inaplazable tarea.
Los casos de Víctor Jobhany y de Francisco empiezan a ser dejados de lado para atender sin
mucho ánimo, de la misma manera desmayada en que abrieron sus carpetas de investigación,
a los nuevos ciudadanos que fueron privados de la libertad.
El polvo, el moho y la indiferencia serán los elementos que le den marco a esos casos que
sólo de reojo voltean a verlos los MP e investigadores si no hay exigencia pública. Y los
familiares bien hacen en no permitir que la falta de voluntad de la autoridad y quizá el
principio de fatiga que puede ganar al personal de la Fiscalía Especializada, porque los casos
de desaparición forzada de personas crecen sin parar a un ritmo que da miedo: tres personas
no regresan a su hogar cada día. Inexplicable en un país y una entidad donde prevalece el
Estado de derecho.
El plantón ante la Fiscalía tiene lecturas muy importantes. A pesar del clima que poco ayuda,
los familiares no quieren que las carpetas de investigación duerman el sueño de los justos y
que al permitirse que el tiempo pase y luego enfrente otros casos tan dolorosos y sensibles
como los señalados, la herrumbe que prevalece en las oficinas de la Fiscalía Especializada
empiece a ahogar cada carpeta, cada una de sus hojas y cada uno de sus renglones. Mientras
haya familiares que se manifiestan y reclaman justicia plena para los casos de sus seres
queridos, la causa de este espacio de los derechos humanos tendrá vida y dará sentido a la
gran preocupación porque ya no haya más desapariciones.
Es importante recordar que el plantón se ubica en las vísperas de que en Sinaloa el fenómeno
de la desaparición forzada cumpla el medio siglo. Sí, en mayo de 2025 conmemoraremos con
el corazón oprimido 50 años de que se inició esta práctica que tanto ha lastimado a los
mexicanos. El plantón, de alguna manera, es un grito en la plaza pública que demanda que el
Estado mexicano detenga el fenómeno de la desaparición forzada. No puede haber paz y
tranquilidad en el país y en nuestra entidad con personas desaparecidas.

La actividad de los colectivos y de todas las personas que se movilizan de manera organizada
representa ahora ese interés porque el Estado mexicano tome las medidas de apremio que la
causa de los familiares representa como emplazamiento para detener la desaparición forzada
de personas. Es increíble que un asunto tan grave para la humanidad no haya llevado a la
autoridad a compromisos serios para dar por concluida esta etapa tan dolorosa para el país.
No podemos dejar de pensar que en la lucha que se inició desde los años setenta del siglo
pasado, logró una Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, exiliados desaparecidos por
razones políticas. Pero el último renglón nunca tuvo la mejor solución.
Los logros en materia de desaparición forzada siempre han sido parciales. La impunidad de la
que gozaron los funcionarios públicos para cometer esos delitos de lesa humanidad, fue la
mejor invitación a particulares para continuar con la trágica práctica.
En esa larga y sacrificada lucha, que acumula dos generaciones de familiares que buscan a
sus seres queridos, hay legislaciones nacionales y estatales sobre el tema, pero no son
garantía de que la práctica de la desaparición pueda encontrar el final en el horizonte
próximo. La vida y la lucha incansable de las madres con desaparecidos nos enseña que sólo
la movilización de la sociedad puede mover la voluntad y las estructuras del Estado para
poner el punto final a esta lamentable historia.
La preocupación por los problemas nuestros en materia de desaparición forzada nos lleva a
voltear hacia los países latinoamericanos que en su momento vivieron el fenómeno de la
desaparición forzada.
Hoy los vemos con admiración porque su problema fue bajo regímenes militares, los cuales
fueron derrotados y sustituidos por gobiernos democráticos y una de las tareas inaplazables
fue detener la práctica de la desaparición forzada, llevar a la cárcel a muchos de los
responsables de este delito y de buscar justicia plena para los casos registrados como
desaparecidos.
Con justicia digamos que Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, son algunos de los
países hermanos que resolvieron esa nefasta práctica de la desaparición. ¿Por qué no
podemos soñar con una solución que termine con la práctica de privación de la libertad y, en
muchos casos, de la vida de más de 110 mil ciudadanos? No dejemos solas a los colectivos y
a las familias que buscan a sus seres queridos. Vale.
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