Culiacán, Sinaloa, 17 de julio de 2026. El ataque armado perpetrado este día en contra de la familia Millán, editora del periódico digital A Discusión, configura una intimidación al oficio de todos los comunicadores y al derecho de todos los ciudadanos a estar bien informados, advirtió el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (IPPDDHYP) al condenar la citada agresión.
Cómo fue dado a conocer, este día sujetos armados balacearon un inmueble propiedad del periodista Humberto Millán Salazar, asesinado en 2011 y padre del director del periódico digital A Discusión, Humberto Millán Lagarga.
Durante la agresión no hubo pérdidas humanas qué lamentar, solo daños causados a la vivienda, informó en un comunicado la dirección del citado medio informativo.
El hecho generó indignación a nivel nacional, provocando una condena unánime de los comunicadores quienes lo consideraron un agravio y un hecho para intimidar a los periodistas de todo el país, reclamardo a las autoridades garantía para el ejercicio de informar la verdad.
Por su parte, en un comunicado el IPPDDHyP expresó una enérgica condena y repudio «ante el ataque armado perpetrado contra el domicilio de la
familia Millán»
Señaló que el hecho, constituye una agresión de la mayor gravedad, no solamente por el
riesgo que representa para la vida, la integridad y la seguridad del periodista y de
su núcleo familiar, sino porque envía un mensaje de intimidación que busca inhibir
el ejercicio libre e independiente del periodismo»
A través del escrito, el Instituto establece que «Toda agresión contra una persona periodista trasciende la esfera individual y afecta el derecho de la sociedad a recibir información de interés público, elemento indispensable para el fortalecimiento de un Estado democrático y constitucional de derecho»
«Todo acto de violencia, amenaza o intimidación dirigido contra quienes informan a la ciudadanía debe ser investigado con la debida diligencia, considerando
como una de las líneas de investigación la posible relación de los hechos con la actividad periodística de la víctima, conforme a los más altos estándares
nacionales e internacionales en materia de protección a periodistas y de derechos humanos.
Finalmente, el Instituto, expresó su solidaridad con la familia Millán, colegas y con el gremio periodístico, reiterando su reconocimiento a la invaluable función social que desempeñan las y los comunicadores al contribuir al acceso de la sociedad a información libre, plural e independiente.
Hizo también un llamado a las autoridades competentes para que, cada una en el ámbito de sus atribuciones legales, actúen de manera inmediata, coordinada, objetiva y diligente, garantizando una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y ecaz que permita esclarecer los hechos.