Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada. Sesgo inesperado.
Ciudad de México, 15 de agosto 2024. Con base en el Artículo 123 del Código Penal
Federal, la Fiscalía General de la República inició investigación para conocer si en el
presunto secuestro o entrega negociada al gobierno de los Estados Unidos por parte de
Ismael Zambada García ‘El Mayo’ y de Joaquín Guzmán López, se constituye el delito de
traición a la patria, establece un comunicado en la página electrónica de la dependencia
fgr.org.mx.
Según el comunicado FGR 425/24 el citado artículo establece que “se impondrá prisión de
5 a 40 años, al mexicano o mexicana que cometa traición a la patria”, definiendo como
responsable por la comisión de este delito “el que prive ilegalmente de su libertad a una
persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla
fuera de México con tal propósito”.
“Esa es la razón prioritaria de la investigación que inició el Ministerio Público Federal
respecto al caso Ismael “N”-Joaquín “N”, especifica el comunicado de la FGR.
Como se recordará, en una carta supuestamente escrita por Ismael Zambada García, alias
‘El Mayo’, misma que fue difundida por su abogado Frank Pérez, en el periódico Los
Ángeles Times el pasado 10 de agosto, el conocido narcotraficante acusa a Joaquín
Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, de haberlo engañado y traicionado en el centro
de eventos Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, y posteriormente llevado a la fuerza
hasta un avión privado en el que fue trasladado y entregado a representantes del gobierno
de los Estados Unidos.
Para ello, Zambada García menciona que fue invitado a una reunión donde operaría como
mediador entre el gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, en el
conflicto de ambos por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
En ella estuvo Iván Guzmán Salazar; no asistió el gobernador y Cuén Ojeda fue asesinado,
menciona El Mayo en su escrito.
Por traición a la patria
Al respecto, la Fiscalía General de la República, asegura que “las pruebas fundamentales”
para acreditar el delito de traición a la patria, establecido en el Artículo 123 del Código
Penal Federal, se encuentran dentro del territorio de los Estados Unidos de América.
Precisa que las mismas, están vinculadas directamente con un vuelo ilegal; con un avión de
matrícula clonada; y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y
que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano”.
Una vez que llegó a la frontera, el piloto de la aeronave, “ya dio solo el aviso de su
aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban
esperando”, señala la FGR.
En razón de lo anterior, el Ministerio Público Federal realizó las principales diligencias y de
investigación policiaca en el aeropuerto “Doña Ana”, en Santa Teresa, Nuevo México, con
la autorización del Gobierno de ese país, sin que se obtuvieran los datos necesarios para
lograr establecer las responsabilidades ya referidas, explica la Fiscalía.
Menciona que por ese motivo, el área de Asuntos Internacionales de la FGR, e INTERPOL-
México, han solicitado formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de
América la información pertinente que hasta el momento de redactar el presente informe no
ha sido proporcionada.
En su reporte, la FGR menciona que la información solicitada al gobierno de los Estados
Unidos sobre el caso es la siguiente:
Documento de autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos
(CBP) del vuelo en que llegaron Ismael “N” y Joaquín “N”; Documento de la información
anticipada sobre los pasajeros (API). Informe del sistema de seguridad de radares de los
E.U.A., en la zona fronteriza con México y constancia de las autoridades migratorias sobre
la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, correspondiente
a pilotos y pasajeros como son sus respectivos pasaportes y visas vigentes.
De la misma manera, el gobierno mexicano ha solicitado a los EU la constancia de las
aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias; los datos de
identificación del piloto; número de matrícula que llevaba el avión al momento del
aterrizaje, legalidad y origen de la matrícula.
A través de las diligencias del Ministerio Público, la FGR también espera que se le informe
sobre los datos de identificación de la aeronave, los registros aeronáuticos de la FAA
(Federal Aviation Agency), sobre la matrícula y serie de la aeronave, incluyendo análisis
histórico.
Demanda conocer si el número de serie que aparece en la puerta de la aeronave, así como la
matrícula N287KA, son los legales y si históricamente le corresponden hoy en día a esa
aeronave, o si existe alguna irregularidad al respecto.
El número de serie real de dicha aeronave y si existió cambio de alguna pieza en que se
haya modificado dicha serie.
Esta solicitud de información realizada por la FGR, serviría para aclarar el presunto
secuestro o entrega de Ismael El Mayo Zambada al gobierno de los Estados Unidos.
Precisa la dependencia que en esta parte de la indagatoria, ha contado con el apoyo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México y hace el compromiso de informar a la
sociedad acerca de todos los avances que se susciten sobre el caso.
