*Ante las acusaciones de fiscales de los Estados Unidos
*Lo que está pasando en Sinaloa no es secreto para nadie, afirman
Culiacán, Sinaloa, 30 de abril de 2026. A raíz de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de los Estados Unidos, la dirigencia de Movimiento Ciudadano dió a conocer que solicitó al Congreso de la Unión iniciar el juicio de desafuero en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Maynez y el líder estatal Sergio Esquer Peiro, dieron a conocer lo anterior al señalar que su partido presento al Congreso una solicitud de desafuero del gobernador y del presidente municipal.
«Lo que está pasando en nuestro estado no es secreto para nadie, no nos lo merecemos», consideró, Sergio Esquer en referencia a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en respaldo del gobernador.
Por su parte, Jorge Álvarez Maynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, dió a conocer que este día su partido presentó al Congreso de la Unión la solicitud para que inicie el proceso contra el gobernador de Sinaloa y el presidente municipal de Culiacán.
La petición de este partido, surge horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuviera en la Conferencia Mañanera, que las imputaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, carecen de sustento jurídico y son un claro acto de intromisión en asuntos internos de México.
Cómo ya se informó este miércoles 29 de abril, la fiscalía estadounidense dió a conocer que inició una investigación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el alcalde Juan de Dios Gámez, el Senador por Morena, Enrique Inzunza y siete funcionarios sinaloenses, pues según dijo, están vinculados al Cártel de Sinaloa y han favorecido su operación para el transporte de armas y drogas entre México y Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
La acusación ha dado pie a un fuerte conflicto diplomático México-Estados Unidos, en virtud de que el gobierno del vecino país, demandó la detención y extradición de los 10 funcionarios sinaloenses, a lo cual las autoridades mexicanas, aseguran que el tema deberá ser valorado por la Fiscalía General de la República, en virtud de que la citada solicitud no ha sido sustanciada con las pruebas suficientes.