*Interpuesta por Paola Gárate y diputados del PRI
Culiacán, Sin. 29 de agosto de 2026. Integrantes de una comisión ciudadana, acudieron este día al Congreso del Estádo a ratificar la denuncia de juicio político en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a solicitar su destitución para que sea investigado por delitos relacionados con protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos
La denuncia fue inicialmente presentada por la diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela e integrantes de ese grupo parlamentario el pasado 24 de agosto.
Este día en su representación acudieron integrantes de una comisión ciudadana de firmantes de la denuncia ante la secretaria general del Congreso del Estado de Sinaloa, Consuelo Gutiérrez.
Los firmantes del documento, Jorge Antonio Peralta González, Rocio Rojo Rosas, Karla de Lourdes Montero Alatorre y Helga Misandra Reyes Carrizales, fueron recibidos por la citada funcionaria del parlamento sinaloense, quien explicó que enviará el expediente correspondiente a la mesa directiva.
Esa instancia, deberá revisar que el escrito cumpla con los requisitos de ley para de ahí turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis de fondo y resolución.
Las imputaciones que motivan esta denuncia, señala el documento: han afectado la confianza de la población en la neutralidad de las corporaciones, la libertad electoral, la procuración de justicia y la cooperación entre autoridades estatales, federales y extranjeras.
Ese daño existe con independencia del resultado penal y sólo puede enfrentarse mediante un procedimiento público, contradictorio y documentado que esclarezca la responsabilidad política, señalaron.
El expediente incluye la acusación formal de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de su Gabinete acusados por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos, protección institucional a una facción del Cártel de Sinaloa mediante el uso de información sensible.
Comprende también la acusación estadounidense de que en la campaña electoral 2021, Rocha, entonces candidato a gobernador se habría reunido con líderes de la facción conocida como Los Chapitos; que éstos habrían ofrecido asegurar su triunfo; y que, a cambio, se habría prometido colocar en posiciones de autoridad a personas favorables a sus operaciones.
El documento señala: «Si se acreditara que el mando político o recursos estatales fueron puestos al servicio de una organización criminal, se habría invertido la finalidad constitucional de la seguridad pública: las capacidades creadas para proteger a la población habrían sido utilizadas para proteger operaciones delictivas, neutralizar rivales, compartir información reservada y generar impunidad».
La citada hipótesis incide directamente en los intereses públicos fundamentales y en el buen despacho del Poder Ejecutivo, precisa el escrito de la denuncia.