Esta tarde, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador difundió la
“Narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada”, donde se presentan las
tres “causales”: se les confundió con otro grupo delictivo; una revancha por parte del
alcalde de Iguala, José Luis Abarca; o la posibilidad que en alguno de los autobuses
tomados por los jóvenes hubiese droga, armas o dinero relacionado con el trasiego de
drogas.
El documento refiere: “De acuerdo con diversos testimonios, es probable que a los
estudiantes se les haya separado en al menos tres grupos y que los hayan llevado a
diferentes lugares para su ejecución y desaparición en los municipios de Cocula, Cuetzala
del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y
Tepecoacuilco”.
Asimismo, revela que existían vínculos entre autoridades de los tres niveles de gobierno,
incluidos efectivos del Ejército y la Policía Federal, con el grupo delictivo señalado como
el perpetrador de los crímenes. Militares y federales “recibían dinero de Guerreros Unidos,
proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al
grupo delictivo”.
El reporte, dado a conocer por instrucción del propio mandatario federal, abunda en esas
posibles causas de la desaparición.
“Confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos entre
los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de
Iguala.
“La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte
del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos
al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales
Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
“El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los
autobuses tomados”.
Agrega que al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerreros Unidos “mantenía
un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la
seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a
autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró
la desaparición forzada de los 43 normalistas”.
Con base en diversas fuentes, el informe apunta a la relación “entre algunos elementos de la
Policía Federal y del Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos”.
Agrega: “Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de
texto aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces coronel José
Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala —que fue
promovido a general en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto—; el capitán
José Martínez Crespo; y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41
Batallón.
“Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados
Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y
municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”.
Otros funcionarios vinculados con ese grupo criminal son; el ex alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de Salomón y Alberto
Pineda Villa, quienes eran gente del cártel de los Beltrán Leyva; el presidente municipal del
Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; los jefes de las policías municipales de Huitzuco,
Cocula, Tepecoacuilco e Iguala, quienes a la par eran integrantes de Guerreros Unidos.
“Un indicador del alto nivel de corrupción al interior de las policías municipales es el caso
de ‘Los Bélicos’, grupo élite de la policía de Iguala. Éste estaba conformado por
aproximadamente 40 elementos, comandados por Francisco Salgado Valladares, subdirector
de la policía municipal de Iguala. También había penetración del crimen organizado en las
policías de Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco”.
El reporte señala que actualmente están detenidas 132 personas relacionadas con los hechos
en diversos penales: 41 integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, tres
federales ministeriales, siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala);
tres funcionarios de la Fiscalía General de la República.
Así como el ex secretario de Seguridad Estatal de Guerrero, el ex presidente Municipal de
Iguala y su esposa —quien era presidenta del DIF de ese municipio—, y 14 elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional.(Información periódico La Jornada).
