*La reforma constituye un retroceso en materia del derecho del pueblo a la información, acusan opositores
Culiacán, Sinaloa. A 19 de diciembre de 2025. En medio de duras críticas de partidos opositores y activistas por los derechos civiles, el pasado 18 de diciembre, el Congreso de Sinaloa aprobó, con el voto de la oposición en contra, la extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa (CEAIPES).
A través de estas modificaciones legales, las funciones de la CEAIPES pasan a las llamadas contralorías de los tres Poderes del Estado, bajo el argumento de optimizar el uso de recursos públicos.
La citada reforma, ha sido duramente cuestionada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo titular Oscar Loza Ochoa, lamentó que la desaparición del organismo, cancela una herramienta muy importante para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública, y representa un retroceso en materia del derecho del pueblo a la información.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Sergio Torres del partido Movimiento Ciudadano y la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Roxana Rubio.
La Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), fue un organismo autónomo creado por el gobierno ante el empuje de diversas organizaciones ciudadanas, con la finalidad de garantizar que el ciudadano común pudiera acceder al informe detallado del gasto y demás actividades de los poderes del estado.
Para eso contaba con toda una metodología que permitia garantizar ese derecho, estableciendo sanciones hacia los funcionarios públicos que se negarqan o entorpecieron esos derechos.
El dictamen enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, permite armonizar el marco jurídico estatal con la reforma federal en materia de simplificación orgánica, publicada el 20 de diciembre de 2024.
Según la visión del gobierno, viene a fortalecer el derecho fundamental de las y los sinaloenses a estar bien informada.
Con el nuevo modelo, los órganos encargados de la contraloría interna de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos del estado, asumirán la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, precisa el dictamen emitido, mismo que fue avalada por la mayoría del Partido Morena en el Congreso del Estado.
La reforma fue impulsada mediante tres iniciativas presentadas por diputados y diputadas locales y el gobernador Rubén Rocha Moya.
En el dictamen aprobado destaca que la reforma no solo cumple con el mandato constitucional federal, sino que también contribuye al fortalecimiento del Estado de derecho, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El nuevo sistema permitirá a la ciudadanía ejercer su derecho de acceso a la información de manera más directa y cercana con cada institución, señala el citado dictamen
Según el escrito aprobado en el pleno del Congreso del Estado, «el derecho a la información continúa plenamente garantizado por el Estado, manteniendo todos los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad establecidos en el artículo sexto de la Constitución federal».
Las autoridades garantes podrán ejercer sus atribuciones de manera flexible, por conducto de entidades o dependencias especializadas, cuya estructura se establecerá en sus reglamentos interiores, adaptándose a las necesidades específicas de cada institución en el ámbito de sus respectivas competencias.
Sobre el tema, la Unidad de Estudios Económicos y Financieros del Congreso confirmó que la reforma generará ahorros significativos al eliminar duplicidades administrativas, permitiendo que esos recursos se destinen a programas prioritarios para atender las necesidades de la población sinaloense.