Ayotzinapa. Sigue la impunidad. (Foto Cuartoscuro en Aristegui Noticias).
Ciudad de México, 07 de julio 2024. Un juez concedió la libertad condicional al general
José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada y presuntamente ligado a la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2015. Se
trata del general de mayor rango que es procesado en el caso.
El general Rodríguez, quien permaneció dos años en prisión, deberá pagar una fianza de
50,000 pesos y comparecer para firmar cada 15 días.
Además, tendrá prohibido salir del país y acercarse a las víctimas. Está retenido
actualmente en la prisión del Campo Militar 1-A.
En la audiencia, que concluyó la madrugada del sábado, el juez modificó la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa a libertad provisional, debido a que consideró que no existe
riesgo de que el mando pudiese evadirse de la justicia.
Esta decisión judicial supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República
(FGR) porque el general se sumará al grupo de los diez militares señalados en el caso
Ayotzinapa que se encuentran ahora mismo en libertad pese a que el proceso judicial no
ha concluido.
Quedan en prisión el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y
el sargento Eduardo Mota Esquivel
Rodríguez era comandante del 27º Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, cuando
desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela rural, la noche del 26 y la madrugada del 27
de septiembre de 2014.
Según el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa,
Rodríguez presumiblemente mandó matar a los seis normalistas que quedaban con
vida el 30 de septiembre del 2014 en una bodega ubicada en la comunidad de Pueblo Viejo,
Iguala.
El 15 de septiembre de 2022, Rodríguez fue detenido en el marco del caso. Los tres
militares que siguen presos son el capitán Crespo, quien dirigía la Fuerza de Reacción del
27 Batallón y está preso desde 2019, así como el sargento Eduardo Mota y el subteniente
Alejandro Pirita.
En la relatoría del caso que presentó el gobierno federal en noviembre del año pasado,
mantiene el señalamiento a Rodríguez por su presunta vinculación con Guerreros
Unidos.
“Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto
aportados por la DEA, se vinculan con Guerreros Unidos el entonces Coronel José
Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el Capitán
José Martínez Crespo y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41
Batallón. Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en
Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y
municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”,
señala el documento.
En octubre de 2022, el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y
quien lideró la Comisión de la Verdad, contó al diario The New York Times que ese año
obtuvo los chats de WhatsApp que supuestamente fueron enviados en 2014 por integrantes
del grupo delincuencial Guerreros Unidos, miembros del Ejército y otras personas
relacionadas con el caso.
En las conversaciones se apuntaba que la mayoría de los estudiantes fueron asesinados
desde su desaparición, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
También se señala que los restos de los estudiantes fueron repartidos entre varios
grupos, quienes se deshicieron de éstos de diversas formas.
Aparece también la implicación del entonces coronel del Ejército José Rodríguez. Según
el diario estadounidense, Encinas recibió los mensajes de una sola fuente “como una serie
de 467 capturas de pantalla” y fueron cotejados con otras pruebas. Sin embargo, el
funcionario no compartió estas capturas de pantalla con la FGR para que se realizara un
estudio forense que verificara su autenticidad.
“Encinas retuvo los mensajes porque le preocupaba que se filtraran, dijo, y sentía la
obligación de presentar un reporte ‘oportuno’ a las familias de los estudiantes”, dice el
reportaje de Natalie Kitroeff, Ronen Bergman y Oscar López en el que señaló que un
porcentaje “muy importante” de las pruebas que se presentaron en el informe de la
Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa carece de
validez, porque no pudo verificarse como real.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que no tuvo acceso
previo al informe de la Comisión de la Verdad y planteó dudas sobre los mensajes de
WhatsApp.
Tras el cuestionamiento, Encinas sometió los mensajes a una verificación más
exhaustiva. “Dijo que no había conseguido verificar muchas de las capturas de
pantalla y que había tenido que desechar varias de ellas”, señaló el diario.
“Hay unas que hemos desechado”, dijo a los periodistas. “No tienen elementos suficientes
para acreditarse”. Incluso, Encinas admitió que la fuente que le proporcionó los mensajes
podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no
existe”.(Información de Aristegui Noticias).
