Representantes del colectivo EPU. Insiste el Estado Mexicano en integrar la Guardia
Nacional a la SEDENA.
Ciudad de México, 05 de julio 2024. Frente a los desafíos para abordar la crítica situación
de derechos humanos en el país, el colectivo Evaluación Periódica Universal (EPU-
México) convocó al Estado Mexicano y en particular a la próxima administración que
estará a cargo de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, “considerar
seriamente” las recomendaciones emitidas por 115 países, quienes por primera vez se
refirieron a la militarización del país y a la necesidad de “retirar a las Fuerzas Armadas de
tareas civiles”.
De la misma manera, recomendaron “eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de
agentes de seguridad, las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo; el establecimiento
de mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares en este
contexto, y la investigación de los casos de vigilancia de la población civil por las fuerzas
de orden.
En un comunicado emitido en su página centroprodh.org.mexcolectivoepu-mex-2024, el
Examen Periódico Universal (EPU), herramienta formulada por el Consejo General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para promover y apoyar a la población de los
Estados Parte en materia de respeto a los derechos humanos, menciona que el Estado
Mexicano “toma nota” sin aceptar las recomendaciones.
Hace referencia en que el pasado 05 de julio, el Estado Mexicano compareció ante el
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar
respuesta a un total de 318 recomendaciones que le fueron formuladas por 115 países en el
marco de la asamblea del 24 de enero del presente año.
Entre las recomendaciones aceptadas, EPU menciona que México reconoció la existencia
de “desafíos” en materia de violencia contra las mujeres y niñas; desapariciones forzadas;
migración y desplazamiento forzado interno; igualdad de género; independencia judicial;
tortura; combate a la impunidad ; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales;
empresas y derechos humanos, así como la necesidad de garantizar los derechos de niñas,
niños y adolescentes ; pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; personas
LGBTIQ+; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; personas
periodistas y defensoras de derechos humanos; entre otros.
Pero la posición de México, dejó de lado algunas de las cuestiones más apremiantes en el
contexto actual, particularmente las referentes a la militarización del país, cuestiona EPU en
el escrito.
México sostiene afirmaciones que no se sustentan en la realidad nacional
“La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus
obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad
internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la
sociedad civil”, asegura.
Refiere que, por primera vez, en este mecanismo los Estados-Parte emitieron
recomendaciones sobre la militarización en el país y cuestiona que, en su respuesta,
“México sostuvo afirmaciones que no se sostienen con la realidad nacional y con la
documentación e investigación de varias organizaciones de la sociedad civil , al afirmar que
la Guardia Nacional (GN) se ha consolidado ‘siempre bajo el mando de una autoridad
civil’.
El hecho no encaja con la realidad en virtud de que “el Titular del Ejecutivo presentó
nuevamente una iniciativa de reforma para adscribir a la GN a la Secretaría de la Defensa
Nacional y suprimir los candados democráticos de la participación de las fuerzas armadas
en tareas de seguridad y en otras áreas de la vida pública”, señala el organismo.
Evidencias contundentes sobre el espionaje militar en México
De la misma forma, pese a aseverar que “en México no se espía ni se vigila a nadie”, se han
revelado evidencias contundentes sobre actos de vigilancia ilegal por autoridades de
investigación y el Ejército, incluso durante la actual administración, contra organizaciones
de la sociedad civil, periodistas y activistas.
Adicionalmente, el rechazo a las recomendaciones sobre arraigo y prisión preventiva
oficiosa da cuenta de la posición que ha tenido la presente administración buscando ampliar
esta última figura, señala el colectivo Evaluación Periódica Universal (EPU).
El colectivo EPU, es una herramienta creada en 2006 por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar, apoyar y ampliar la promoción,
protección y respeto a los derechos humanos de los estados parte, México entre ellos.
En el tema de los desplazamientos internos, señala que, desde la propia ONU han sido
constatados por la Relatora de Desplazamiento Interno tras visitar el país en 2022, los
pendientes existentes de México en este ámbito.
Convocatoria al nuevo gobierno
Frente a los desafíos para abordar la crítica situación de derechos humanos en el país, el
colectivo EPU, hace un llamado al Estado mexicano, y en particular a la próxima
administración (que encabezará la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo), a
considerar seriamente las recomendaciones de las que ha tomado nota en la medida que
abordan temas cruciales para afrontar la situación que vive el país y asumir las
recomendaciones aceptadas como una guía para la adopción de políticas y programas
concretos.
De la misma manera, convoca a que en la implementación de estos compromisos
internacionales se tome en cuenta la participación de sectores amplios, incluyendo la
sociedad civil y colectivos de víctimas y sus familias.
Hace un llamado también a la comunidad internacional y su cuerpo diplomático a
monitorear las recomendaciones aceptadas por México y dar seguimiento a aquellas que no
fueron asumidas, a efecto de que sean parte de los diálogos y consultas bilaterales que
sostienen las acciones de cooperación, ratificando que el rol de la comunidad internacional
en México, ha sido clave para acompañar la labor de la sociedad civil en materia de
derechos humanos y sobre todo las denuncias de las víctimas.
EPU compromete además que las más de 300 organizaciones que la conforman, estarán
atentas a los pasos que tome el Estado para cumplir con las responsabilidades derivadas de
este cuarto ciclo del EPU y reitera su disposición de colaborar con las autoridades para su
materialización.
