Derivado de la suspensión de la demanda de amparo indirecto presentado ante la instancia correspondiente, un juez federal ordenó a la Presidencia de la República, Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), proteger la vida y la seguridad de la diputada Paola Gárate y su familia.
Lo anterior, ante un conjunto de amenazas que se han suscitado en los últimos años en contra de la legisladora, quien ha emitido fuertes cuestionamientos que evidencian la probable relación entre autoridades de Sinaloa y el crimen organizado.
La orden del juez, va dirigida a la Presidencia de la república, Secretaría de Gobernación así como a las fuerzas armadas de la federación derivado de la suspensión de la demanda de amparo indirecto presentado por la legisladora y su equipo jurídico para que se le otorgaran medidas de protección urgentes ante las amenazas e intimidaciones de las que ha sido objeto en Sinaloa.
Cómo se ha hecho público, previo a las elecciones de 2021, siendo candidata de la coalición PRI-PAS, Paola Gárate fue privada de su libertad junto con cientos de militantes, candidatos y simpatizantes de oposición a Morena.
El hecho fue denunciado ante autoridades locales e internacionales, como parte de una estrategia de terror, enfocada a hacer ganar a los candidatos de Morena en la entidad, evidenciando una alianza entre políticos y autoridades locales con el crimen organizado.
Posteriormente, en octubre de 2025, tras un posicionamiento que evidenció las omisiones del gobierno de Sinaloa en la desaparición del joven Carlos Emilio, en un Centro de diversión en Mazatlán , propiedad de Ricardo Velarde, secretario de Economía en la entidad, Gárate Valenzuela fue víctima del robo de vehículo y encañonada con un arma de fuego.
Finalmente, el pasado 10 de junio, en el marco de la fiebre del Mundial de Fútbol, desconocidos dejaron una corona mortuoria en la casa de la parlamentaria, lo que fue considerado una amenaza a la vida e integridad de Garate y su familia.
Sobre este último hecho, Paola Gárate presentó la denuncia ante las autoridades y demandó protección.
Sin embargo, como respuesta, la Guardia Nacional le ofreció acompañamiento únicamente durante trayectos a eventos oficiales.
La propuesta fue considerada deficiente por parte de la legisladora quien solicitó el amparo de la Justicia Federal, quien esta tarde ordenó la suspensión correspondiente y ordenó a las autoridades federales proteger la vida y seguridad de Garate y su familia.
“Estamos haciendo lo conducente dentro del marco legal, la razón nos asiste, por eso vamos a seguir defendiéndola, un juez federal decidió otorgarme la suspensión de plano y oficio para que se dictaran medidas para garantizar mi seguridad e integridad de mi persona y de mi familia”, expresó Paola Gárate.
Cada una de las dependencias mencionadas y sus titulares están enterados formal y legalmente del amparo, y están obligados al cumplimiento de la resolución, expresó la legisladora sinaloense.