Culiacán, Sinaloa, 18 de noviembre 2024. La crisis humanitaria que padecemos no se
incubó ayer. La fuerza y tropel con que marcha después de dos meses nos grita a voz en
cuello que echó raíces en serio no sólo en la estructura económica, sino en buena medida en
los vasos comunicantes que le dan oxígeno a la sociedad. Sin descartar que la vida política
también está salpicada de manchas indelebles que deja las actividades ilegales.
El ejercicio de la crítica debe partir de manera dual desde la autoridad y desde las bases
sociales. Quizá sea más natural, más productiva y más sana si esto arranca desde las filas de
una sociedad a la que le urge encontrar la salida definitiva a la crisis.
Existe una pregunta que lleva tiempo en los labios de muchos ciudadanos, ¿qué porcentaje de
nuestro PIB tiene influencia de capitales non sanctos? Es decir, de esos capitales cuya cuna
no se puede presumir abiertamente. ¿Alcanzará el 12 o el 17 por ciento del total? Es muy
importante que empresarios y especialistas en el tema tomen la palabra y nos acerquen a las
cifras reales. Porque más allá de tener precisos los números y cantidades, es importante, muy
importante, tener una actitud frente a ello.
Hace años, el analista José Luis López Duarte, hizo un planteamiento que debe regresar al
análisis: ver la conveniencia de una amnistía a esos capitales, pues a final de cuentas costaron
vidas, salud e inseguridad a toda la sociedad, sin que ello reduzca la responsabilidad penal de
quienes han hecho oficio y carrera en el delito del trasiego de drogas y lavado de dinero.
Seguimos esperando que el primer eje de los cuatro de la estrategia de Claudia inicie su
aplicación en Sinaloa y en los estados llamados claves. Pero que arranque ya. Hay
desesperación por las cuotas diarias de pérdidas de vidas e integridad de los jóvenes a quienes
deben estar dirigidas esas medidas.
Los jóvenes no pueden esperar, como decíamos hace años, al tiempo de las calendas griegas.
También esperamos medidas de carácter social del gobierno de Rocha Moya. Que el perfil de
gobierno humanista tome el espacio o los espacios que permitan rumbo y andadura diferente
y constructiva.
El presupuesto debe tener otro rostro, que identifique muy bien la nueva política y el rumbo
que se propone en materia económica y de seguridad. El discurso no adquiere ni contenido
verdadero ni sentido social sin que el presupuesto económico le dé el sustento necesario. Las
medidas administrativas y las políticas públicas requieren de recursos. Y éstos no pueden
limitarse bajo la argumentación de que el Estado tiene muy cercanas las fronteras de sus
posibilidades económicas.
Orientar el presupuesto hacia las necesidades centrales, atendiendo lo urgente y lo
imprescindible a mediano plazo, permite tomar en manos seguras lo que debe construirse
ahora y consolidar mañana.
También dependemos de las condiciones externas. Por ello hay que prepararse ante las
agresiones que vendrán de la administración Trump. Ya se ha adelantado a echarnos la culpa
de todo lo relacionado con migración y tráfico de drogas. Nos amenaza con incrementar al 25
por ciento nuestras exportaciones y otras lindezas por el estilo.Que no se nos olvide
recordarle que buena parte de la responsabilidad está en su infinito mercado de adicciones y
el tráfico de armas y la largueza con la actúa el sistema financiero internacional de EU y de
Inglaterra.
Quieren obligarnos a detener los flujos migratorios de los países centroamericanos, que
siguen siendo saqueados por sus consorcios sin que haya inversiones como compensación. Ya
lo hemos hecho sin que haya correspondencia en el rubro de tráfico de armas o posibilidad de
enderezar el comportamiento de su ambiciosa banca.
Hagamos planteamientos de negociación en serio. No puede haber compromisos sólo de
nuestra parte mientras que ellos los niegan. Nos quieren dictar cátedra, sin ningún rubor,
como lo hace su embajador Ken Salazar. Exhibamos las responsabilidades que le corresponde
a la administración estadounidense ante Wall Street y su banca y a su Poder Judicial frente a
los fabricantes de armas.
No está mal que haya una estrategia nacional sobre la violencia en nuestro país, pero desde
2006 que Calderón inició la llamada Guerra contra el Narcotráfico ha quedado muy claro que
ninguna acción policial o de las fuerzas armadas de esa envergadura puede funcionar sin
controles desde la sociedad civil.
La CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos y organizaciones civiles han
documentado hasta la saciedad una y mil violaciones a los derechos humanos, como para
seguir negando ese tipo de control. Si queremos encontrar una solución a esta situación de
crisis y con el menor costo social posible, los órganos de control civil deben tener un carácter
constitucional y actuar con la efectividad que nuestra emergencia requiere y exige.
Y entre las nuevas tareas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, tiene las suyas en el
entorno de la crisis actual. Hasta hoy no ha ido más allá de las que corresponden al espacio de
las aulas. La SEPyC debe invadir todos los campos de la comunicación escrita, digital y de
audio. Y debe estar presente las 24 horas del día en todos los espacios públicos y en la
medida de lo posible en los privados.
Formar una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas no es un asunto de lo que las aulas
abren en posibilidades. La SEPyC debe ir por todo o renuncia a la rectoría educativa como
esencia de su ser.
El gobernador debe entender que la vivienda, el empleo y la educación, son los ejes centrales
que deben tomar cuerpo en la segunda parte de su sexenio. Con ello sentaría las bases de los
17 objetivos y 169 metas que busca la Agenda 2030 de la ONU. Vale.
www.oscarloza.com
oscarloza.cohoa@gmail.com
X @Oscar_Loza