*Avance del 95 por ciento o más
*Las protestas, solo de “algunas comunidades”
*La mayoría de la gente votó a favor, asegura
Culiacán, Sinaloa, 30 de junio de 2026. Tras afirmar que la construcción de la planta Gas y
Petroquímica de Occidente (GPO), S.A. de C.V., ubicada en la Bahía de Topolobampo, fue
autorizada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, “por razones” de “soberanía
alimentaria”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró: “entonces a
nosotros nos toca la última parte de la terminación de la planta, pero lleva ya muchos años
en construcción. Es importante que se conozca”, dijo
Sheinbaum Pardo, defendió el citado proyecto recordando que inició en 2014 aunque su
construcción fue finalmente autorizada por el entonces presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, por lo que actualmente registra un avance superior al 95 por ciento
y corresponde a su administración concluirla, sostuvo.
En la Conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta expresó que existen estudios de
impacto ambiental y de mitigación de daños elaborados por la SEMARNAT que avalan la
construcción de la planta; que se ha consultado a los pobladores de la región, quienes
mayoritariamente “votaron que sí”, aunque reconoció que existen protestas “sólo de
‘algunas’ comunidades, no de todas, y se habla con todas, hay un equipo allá,
(Topolobampo), que ha estado hablando con todos…, los que se oponen, como siempre lo
hacemos…, un diálogo”.
“Es importante que se conozca que ya llevaba años en construcción, que hubo una consulta
pública, que se ganó y que se hizo un estudio muy profundo de impacto ambiental, y sí hay
plantas de amoniaco en muchísimos países del mundo, si no, ¿Dónde se produciría el
fertilizante?”, preguntó.
La presidenta fue reiterativa:
“El estudio de impacto ambiental se hizo el estudio y los avaló, y hubo una consulta
pública, donde votó la gente, la mayoría de la gente dijo sí. No es que se haya hecho a
espaldas de la gente, no es que no haya habido estudio de impacto ambiental, no es que no
haya habido estudio de mitigación, entonces, y le falta el 5 por ciento o menos, para
terminar.
Entonces, se habla con todos, se tiene diálogo con todos, con todos, con todos, no se usa la
fuerza pública en ningún momento, sino el diálogo, el diálogo, el diálogo, pero, esa es la
circunstancia de la planta”, recalcó.
Para quienes pudiesen tener alguna, duda, la presidenta recomendó checar los estudios
realizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
quien avaló la construcción de la planta GPO, estudio que dijo, es público.
“Ustedes pueden entrar, están los estudios, las medidas de mitigación y las razones que
tuvo en su momento ‘el presidente’ López Obrador, para autorizar la construcción de esta
planta, es la soberanía alimentaria, ¿Qué es la soberanía alimentaria? Pues que se produzca
más alimento en nuestro país y para que se produzca más alimento, se requiere una parte de
biofertilizantes, pero otra parte se requiere de fertilizantes, químicos”.
Argumentó que, con el cierre del Estrecho de Ormuz, el precio de los fertilizantes se elevó
cinco veces, y es importante “que todo México conozca esta circunstancia”.
Una vez que López Obrador autorizó el citado proyecto, explicó Sheinbaum, “se consultó a
la gente, se hizo un estudio de impacto ambiental, entonces a nosotros nos toca la última
parte de la terminación de la planta, pero lleva ya muchos años en construcción. Es
importante que se conozca, viene de 2014 con la idea de hacer esta planta”.
No obstante la postura asumida por la presidenta de México, cabe precisar que, desde que
se conoció el citado proyecto, se ha desatado una férrea oposición de ambientalistas del
país y el extranjero y de grupos originarios que pueblan la región, como las etnias Mayo-
Yoreme.
Con estudios realizados, los ambientalistas sostienen que la planta enclavada en la Bahía de
Topolobampo y parte de la Bahía de Ohuira, ambas en el Mar de Cortes, provocará la
destrucción del ecosistema declarado por organismos internacionales como “Sitio Ramsar”
lo que equivale a una zona internacional protegida, pues en ella convergen para la
reproducción miles de especies marinas como el delfín, peces, aves y sitio de manglares.
Una protesta de gran relevancia la vienen enarbolando las etnias Mayo-Yoreme,
conformada por unas 4 mil familias habitantes milenarias de la Bahía de Ohuira, quienes
viven básicamente de la pesca en la región.
Los estudios de ambientalistas, advierten que la operación de la planta provocará
básicamente el calentamiento del agua y con ello, la muerte de muchas especies marinas y
finalmente el alejamiento de las mismas en busca de otros ecosistemas. El hecho acabará
con la reproducción y la muerte del camarón y eliminará la pesca como fuente de vida de
las familias ahí establecidas.
Sin embargo, esa oposición ha sido minimizado por los gobiernos estatales y federales,
quienes han decidido por “el desarrollo económico” a cualquier costo.