Nancy Juárez, jueza Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, quien dio un ultimátum a la
presidenta Claudia Sheinbaum para retirar o “bajar” la publicación de la reforma judicial del Diario
Oficial de la Federación (DOF), afirmó que en caso de que esto no sea atendido, la ley la obliga
a dar visto al Ministerio Público de la Federación.
“El artículo 107 constitucional es muy claro al respecto, así como el 252 de la Ley de Amparo, se
incurre, y la autoridad incurriría en un delito de desacato a una resolución judicial y en ese sentido
tendría que dar vista al Ministerio Público (federal), es decir, hacer la denuncia correspondiente
y ya corresponderá al Ministerio Público federal continuar con el procedimiento legal”,
aseguró en Aristegui En Vivo
La jueza especificó que no ha podido comprobar si las autoridades correspondientes ya fueron
notificadas con la resolución que les solicita eliminar esta reforma del DOF, pero una vez que pueda
comprobar que el documento de orden judicial ya fue entregada, las personas competentes tendrá
48 horas para cumplir la suspensión,
Aseguró que ella no tiene intervención alguna en las decisiones que tome el Ministerio Público
sobre si se actualiza o no el delito de desacato y tampoco sobre la posibilidad de que la Fiscalía
General de la República solicite, en su momento, la orden de aprehensión en contra de la
presidenta o de las autoridades que hayan incumplido con la orden judicial.
Explicó que en el artículo 62, fracción tercera de la Ley de Amparo, se establece una pena de
prisión de 3 a 9 años, una multa y la inhabilitación para ejercer algún cargo público por el mismo
tiempo, para quien resulte responsable de desacatar una orden judicial.
Aclaró que la presidenta tiene fuero, por lo que en caso de que el Ministerio Público decida actuar
en contra de ella, se tendría que realizar un juicio de procedencia para quitarle el fuero, el cual
tendría que pasar por el Congreso
Antes de consignar la carpeta, el ministerio público de la federación tendría que lograr ese
desafuero a través de las cámaras y pues ahí la mayoría está con el partido oficialista, entonces,
pues lo veo complicado, sí, es complicado que el propio Congreso le quite el fuero; sin embargo, mi
actuación debo reiterarte es únicamente hasta la vista al ministerio público”, aseveró.
El pasado 16 de octubre, el juzgado 19 de distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, otorgó una
suspensión definitiva en la que ordena a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum y al
director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, a que dentro en un plazo de
24 horas, contadas a partir de que le sea notificada la resolución, informen y acrediten que fue
eliminado del Diario oficial de la Federación (DOF) la publicación del decreto que valida la
reforma judicial.
a Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy advirtió que la jueza podría haber incurrido
en el delito de “coalición de servidores públicos”, tipificado en el artículo 216 del Código Penal
Federal.
Por us parte, Sheinbaum criticó la decisión de la jueza e indicó que la consejería jurídica del
gobierno “va a hacer esta notificación para que se revise como una suspensión” y que, una vez
recibida, se dirigirá al Legislativo para plantear la pregunta: “¿Es factible que una fuerza pida
esto, dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación?”.
Este 21 de octubre, la jueza Nancy Juárez especificó que el hecho de que se diga que no se
cumplirá con esta resolución es el sinónimo de que Estado de derecho “se ha roto por
completo”, así como de una crisis constitucional.
“Significa o es un sinónimo de que el Estado de derecho está roto por completo, hay una crisis
constitucional y el mensaje que mandan desde presidencia es el siguiente: nadie cumpla la ley
cuando no quiera, si te afecta no la cumplas y entonces eso está replicando y eso es grave para ti,
para mí y para toda la sociedad”, sentenció
Aseguró que los jueces siempre corren el riesgo de que alguna de las partes tome acciones legales
en su contra ante el disgusto de una resolución, pero anticipó que ella se siente tranquila con su
actuación.
“Me siento tranquila, porque mi actuación, como lo ha sido desde hace 14 años que protesté el
cargo como jueza de distrito, se encuentra ajustada al marco legal y constitucional. Soy una jueza
de carrera judicial con 28 años de servicio y eso me ha permitido, a través de la experiencia, la
preparación académica y la profesionalización y sobre todo la independencia judicial, emitir mis
resoluciones de manera imparcial y objetiva.
Advirtió que ella es consciente de que el poder se encuentra concentrado y, por tanto, el aparato
del Estado puede ser utilizado en su contra, únicamente por realizar su función como juzgadora.
La jueza Nancy Juárez explicó que varias ciudadanas promovieron un juicio de
amparo solicitando que las autoridades se abstuvieran de publicar la reforma judicial en el DOF,
tras alegar que el procedimiento legislativo de la reforma estaba viciado.
“Esto qué quiere decir, que no se cumplieron cabalmente las formalidades tal como lo establece la
ley, y en ese sentido si el procedimiento que se encuentra fuera de ese margen legal, es decir, no está
apegado a la ley, resultaría inválido o no correcto la reforma, porque se tendría que respetar ese
procedimiento, es lo que alegan”.
Por ello, explicó, ellas solicitaron que no se hiciera esa publicación, pero la autoridad lo hizo sin
acatar la suspensión, posteriormente en una audiencia se reiteró a las autoridades que cumplieran la
suspensión, pero al ya estar publicada la reforma ahora el efecto era bajar la publicación
“No es solo el que la publicación ya esté en el Diario Oficial, sino que a partir de ello entra en
vigor la reforma y se dan todos los acontecimientos o partes de la ejecución de esa reforma”.
Aseveró que hay varios antecedes de autoridades que han sido responsables al momento de
responder a un amparo contra una ley, por lo que lo inédito de esta situación, dijo, es que se
pretenda no cumplir con ello, pues todas las autoridades habían acatado estas resoluciones.
“Hay varios antecedentes, muchísimos, respecto a los cuales el Presidente de la República, Diario
Oficial, el Congreso de la unión, Cámara de Diputados y Senadores han sido autoridades
responsables en amparos contra leyes, sin embargo, no se había llegado a este extremo porque,
pues las autoridades, todas, habían cumplido en el ámbito de su competencia, entonces esto sí es
algo inédito”, añadió
