Luis Rosales Zagal. Urge reglamentar funcionamiento de Centros de Rehabilitación.
Culiacán, Sinaloa, 27 de julio de 2023. Mientras que las autoridades se encuentran
“cruzadas de brazos”, la mayoría de los centros de rehabilitación en el estado funcionan en
la clandestinidad, carecen de personal capacitado en el tratamiento de las adicciones,
además de que abusan, maltratan y explotan a los internos y a sus familias, acusaron un
grupo de abogados al demandar la intervención inmediata de la Secretaría de Salud, la
Coepris y la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, del
Gobierno del Estado para corregir esa situación.
En conferencia de prensa, el licenciado Luis Rosales Zagal, lamentó que, ante el
incremento en el consumo de drogas, cada vez un mayor número de familias hacen el
esfuerzo por llevar a sus pacientes a los Centros de Rehabilitación en busca de su
recuperación.
Sin embargo, destacó, que la mayoría de los 128 Centros de Rehabilitación que existen en
la entidad, funcionan en la clandestinidad al no cumplir con las normas mínimas que
mandata la COEPRIS; además, no están en condiciones de ofrecer un tratamiento adecuado
porque carecen de personal capacitado, sus instalaciones son regularmente deficientes, no
les brindan buena alimentación, los maltratan y los explotan al mandarlos a la calle a
vender diversos artículos.
Indicó que a través de las barras y organizaciones de abogados, algunos familiares se han
quejado de que sus internos han recibido malos tratos que van desde golpes, abusos y mala
alimentación hasta la explotación, pues no obstante que los familiares pagan una cuota para
su hospedaje, tratamiento y alimentación, muchas veces son obligados a salir a la calle a
vender los más diversos artículos para ayudar al sostenimiento del Centro.
Señaló que algunos abogados han acudido en apoyo de esas familias, pero se les ha negado
el acceso a los Centros, por lo cual es necesario que las autoridades se hagan cargo de la
situación.
El problema, destacó Rosales, es que “mientras esto sucede, las autoridades se encuentran
‘cruzadas de brazos’, cuando es necesario que ubiquen a cada uno de esos lugares y revisen
sus formas de operación, checar si cumplen con la normatividad, darles un plazo para su
regularización y si permanecen en el incumplimiento proceder a su clausura”.
Aseguró que, en Sinaloa, el gobierno del estado cuenta con instituciones suficientes para
atender esta situación y entre éstas citó a los Centros para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), COEPRIS, Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Prevención,
Tratamiento y Control de Adicciones.
Consideró que todo es cuestión de que la autoridad se interese en resolver ese problema que
tanto afecta a las familias sinaloenses.
