Arriban 600 efectivos federales de refuerzo al gobierno de Sinaloa.
Solemos perder la brújula en momentos de crisis y olvidar que somos parte del problema que
de pronto nos espanta. Reaccionamos sin pensar mucho en la historia del fenómeno que nos
asusta. Y esa actitud clausura nuestras posibilidades de reflexión objetiva, que pueden
ubicarnos de mejor manera ante la crisis y con las herramientas adecuadas para enfrentarla.
Eso nos está pasando en la presente crisis de seguridad.
Crisis que no inició el jueves 25 de julio pasado ni en los otros jueves que nos remiten al 1 y
8 de mayo de 2008. Es una situación que se incuba muchos años atrás y que toma vuelos de
alto nivel en los años setenta del siglo pasado.
Dos generaciones han visto el desarrollo y la presencia cada día más aplastante del
narcotráfico y de las diferentes acciones del crimen organizado. Hablemos no sólo de la
violencia que cobra vidas, desplaza a pueblos enteros y desaparece a personas, hablemos de
la penetración de las finanzas generadas por el delito en el mundo de la economía (en todos
los sectores) y de las huellas que imprime en la vida cultural de la sociedad (nuestra forma de
hablar, la literatura, la música y la alteración de valores).
Y en ese tiempo hemos visto pasar algunas acciones de gobierno como la Operación Cóndor
de los años setenta y la Guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. También hubo
actividades intermedias y posteriores, pero en ninguna de ellas se vio el problema como de
naturaleza social.
Por lo tanto, sólo se vieron las consecuencias, no las causas, y la estrategia que se aplicó fue
la confrontación armada contra todo lo que se supuso relacionado con la siembra, cultivo y
trasiego de drogas. Y como en toda guerra prolongada quien pierde siempre es la población
ajena a sus causas, ahora no es la excepción.
El mundo del narcotráfico tiene beneficiarios y no se reduce a quienes lo encabezan aquí en
México. La élite financiera internacional y los fabricantes de armas tienen una
responsabilidad de primer orden, ¿cómo nos explicamos que los circuitos por donde fluye el
dinero de las actividades ilícitas estén bien aceitados? Los de México y los del extranjero,
mientras que los constructores de armas no tienen mayor dificultad para inundar los mercados
negros (destinados a delincuentes), no se diga las que se venden a los gobiernos establecidos
por los canales abiertos. A ambos los equipan por igual.
Resulta sintomático que las denuncias por lavado de dinero contra el HSBC y el Citi Group
no lleguen a las cortes o a los tribunales (en el caso de México). Se negocian en las fiscalías.
Hay sanciones económicas, no sanciones penales.
En el caso del HSBC fue multado en México en 2012 con 379 millones de pesos por el
motivo señalado. Ese mismo año el banco recibió una sanción económica por mil 900
millones de dólares en Estados Unidos, por la misma razón. El monto equivale apenas a cinco
semanas de sus ingresos. Y la razón para no llegar a la sanción penal fue: que temían que se
cayera la bolsa de valores de NY. La lección no se aprendió o las ganancias que arroja el
negocio valen el riesgo que se corre (La Razón 9-sept.2020).
El Citi Group no ha escapado a las acusaciones de falta de controles internos para impedir el
lavado de dinero y le fueron impuestas al menos las siguientes sanciones en los últimos años:
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En 2017 pagó 97.4 millones de dólares para cerrar una investigación de lavado de dinero
relacionada con su filial mexicana, Banamex. En 2021, se le volvió a sancionar por la
cantidad de 136 millones de dólares por no solucionar los llamados problemas de control
interno. Y en 2022 la sanción llegó a los 348 millones de dólares (El Universal 22-mayo
2017).
¿Por qué les ha ido bien a los fabricantes de armas? Porque las cortes en Estados Unidos les
brindan protección. En el año 2022, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, señaló en septiembre de ese año que un tribunal de Massachusetts desestimó la
primera demanda contra las empresas fabricantes de armas.
Y que ya preparaba una segunda denuncia para una corte de Arizona, esperando mejor suerte,
basándose en la llamada Ley de Comunidades más Seguras, firmada por el presidente Joe
Biden el 25 de junio de 2022, que tipifica el tráfico de armas como delito federal.
Como todos sabemos, no hay noticias de que haya prosperado la segunda demanda. Mientras,
México registró el aseguramiento de casi 56 mil armas en la frontera con Estados Unidos
entre 2020 y septiembre de 2022 (Revista Forbes 5-octubre-2022).
Se estima que cada año se trafica ilegalmente más de medio millón de armas desde Estados
Unidos a México y que sólo en 2019 fueron responsables de más de 17 mil homicidios
dolosos en el país y que se calcula que los daños que todo ello provoca llegan al 1.5 por
ciento del PIB mexicano, de acuerdo a la SRE (La Jornada 11-agosto-2022).
Por un daño de esta magnitud bien merece la pena una demanda internacional contra quienes
patrocinan el tráfico de armas. Estos son algunos renglones en el recuento de los daños.
Pero los problemas no terminan ahí, pues el gobierno norteamericano no es ajeno ni a las
prácticas bancarias ya mencionadas ni a las posturas del Poder Judicial de perdonar el tráfico
ilícito que practican los fabricantes de armas.
Hay una razón de fondo: su economía tiene serias dificultades para funcionar, pues no es fácil
alcanzar el 3 por ciento de crecimiento anual que es la frontera mínima para que camine sin
tropiezos la economía.
Muchos negocios se caen y ni la explotación de los recursos naturales de otros países rinden
como en otros tiempos. La tasa de ganancia tiende inevitablemente a caer. Desde hace tiempo
empresarios y gobierno han aprendido una lección: los mercados tienen hambre de dinero y
los resortes normales de la economía no los están proporcionando. Se requiere dinero. Y este
tiene que llegar. ¿Importa la fuente que lo proporciona? No. Los negocios no son materia de
la ética.
Para mantener la tasa de ganancia no son despreciables el comercio ilícito de armas ni el
lavado de dinero ni los paraísos fiscales en diferentes partes del mundo. Y todo ello se
complementa con una vieja práctica del gobierno estadounidense: el intervencionismo (la
injerencia) en los asuntos de otros países como si estos fueran sus colonias.
Esta práctica cierra el círculo de su economía y de un Estado al servicio de los grandes
monopolios. Motivos siempre hubo y hay para justificar las injerencias: en los tiempos de la
Unión Soviética el comunismo fue el pretexto para intervenir en muchos países; luego
argumentaron que su preocupación eran el tráfico de drogas y el terrorismo.
Bajo esos argumentos, que pretenden desconocer la soberanía de las naciones, han
patrocinado golpes de Estado como el que derrocó al presidente Allende de Chile el 11 de
septiembre de 1973; invadieron descaradamente a Panamá el 20 de diciembre de 1989 y
derrocaron, aprehendieron y encarcelaron a Antonio Noriega, su presidente; y patrocinaron el
golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya de Honduras el 28 de junio de 2009.
El intervencionismo de E U no ha perdido actualidad, el fortalecimiento de sus bases
militares en América Latina y el despliegue del llamado Comando Sur, llevan como objetivo
detener los procesos democráticos y progresistas. Eso indican el golpe de Estado en el Perú y
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el patrocinio de la derecha en Ecuador y Argentina y su intromisión en las elecciones
Venezolanas.
Y lo que han hecho en nuestro país no puede pasar inadvertido: difícil olvidar el secuestro del
doctor Humberto Álvarez Machain, llevado de manera ilegal de México hacia Estados
Unidos para ser juzgado por el caso del agente de la DEA Enrique Camarena. Un caso similar
se da el pasado 25 de julio con la operación en que resulta secuestrado Ismael “el Mayo”
Zambada y llevado a los Estados Unidos.
El evento del 25 de julio identifica al detalle esa actuación injerencista: negocian en territorio
nuestro con particulares, cometen el delito de intervenir ilegalmente con sus agentes para
realizar el operativo que priva de la libertad a Ismael Zambada en territorio mexicano, viola
el espacio aéreo mexicano y lo que resulte.
Y qué decir del desorden actual, la situación de inseguridad, los daños a nuestra economía,
las vidas que se pierden, etc. No hay duda de la responsabilidad que les cabe a los actores
materiales e intelectuales en las acciones violentas de estos días y deben comparecer ante la
autoridad para ser juzgados por ello.
Pero también hay una responsabilidad allende nuestras fronteras que debe ser denunciada de
manera contundente. Las demandas contra los fabricantes de armas no pueden quedar en
acciones fallidas ante las cortes gringas, que terminan siendo manto de protección para
quienes hacen del delito de tráfico de armas su modus vivendi.
¿Qué debemos hacer?
Al Estado (la autoridad) le corresponde mínimamente:
1.-A nivel internacional exigir la corresponsabilidad de parte de los países que exportan
armas, si es delito el tráfico de estas que lo combatan de manera firme con sus leyes.
2.-Demandar insistentemente ante los tribunales de sus países a los fabricantes de armas por
el delito de tráfico ilícito de esos artefactos de uso criminal.
3.-Una declaración nacional en la que delinee la política pública a seguir en torno al combate
y tratamiento del tema del narcotráfico, lavado de dinero y sus consecuencias.
4.-Que la política pública observe el origen social de estas actividades ilícitas, con el fin de
rescatar los últimos eslabones de esa cadena delictiva cuyo perfil es esencialmente de jóvenes
con pocas oportunidades económicas, educativas y culturales.
5.-Que la autoridad informe con objetividad y oportunidad lo que sucede en crisis como la
presente, porque ello fortalece la confianza en lo que se dice y lo que se hace para mejorar la
situación crítica.
6.-Que la Presidencia de la República, Congreso Nacional y legislaturas locales, convoquen a
un debate general sobre el tema de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y otras
actividades ilícitas emparentadas, con el fin de definir las políticas públicas que sí se
encaminen a la erradicación de esas actividades que implican pérdida de vidas, luto y afectan
la economía nacional en al menos el 1.5 por ciento del PIB anual.
A nosotros nos corresponde:
1.-La reivindicación de los valores que son el cimiento de nuestra sociedad.
2.-Velar por la familia y la formación de hijos y nietos en el ejercicio de esos valores.
3.-Condenar en nuestros actos y comportamiento toda conducta violenta como recurso de
atención a problemas.
4.-Rescatar los espacios públicos porque son el referente de pertenencia a la ciudad en que
vivimos y vitales para el desarrollo sano de nuestros niños y jóvenes.
5.-Cuidar con celo que los niños no hagan mal uso de los dispositivos electrónicos con juegos
de violencia o que promueven poco respeto por la vida.
