Fuerza letal contra los más pobres: AI.
En tanto el gobierno de Perú declaró persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional condenó a la autoridad peruana por el “uso de “fuerza letal” ejercido por funcionarios de seguridad en contra de 49 manifestantes asesinados en diversas protestas registradas durante los meses de diciembre, enero y febrero pasados.
Diversas fuentes periodísticas, hicieron este día referencia al análisis pormenorizado realizado por Amnistía Internacional sobre 52 personas que resultaron muertas o heridas durante las manifestaciones que tuvieron lugar en las comunidades de Andahuaylas, Chincheros, Aycacucho y Juliaca y condenó el uso excesivo de la fuerza de funcionarios de seguridad en el Perú.
En su informe titulado Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, dado a conocer ayer, el organismo internacional se refiere a la muerte de 25 personas, 20 de las cuales pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Observa que en esos casos existen indicios para presumir que fueron ejecuciones extrajudiciales en virtud de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dispararon municiones reales contra zonas vulnerables del cuerpo como cabeza, cuello, tórax y abdomen.
De todo lo anterior existen indicios tales como videos, imágenes, expedientes penales y declaraciones de testigos que señalan el uso injustificado de la fuerza, cita Amnistía.
El empleo de armas de fuego letales en contra de los manifestantes, muestra un flagrante desprecio por la vida humana, sostuvo la secretaría general de Amnistía Internacional Agnés Callamard, al cuestionar la posición del gobierno de Perú de presentar a las víctimas como terroristas o delincuentes.
Las fuentes señalan que el informe de Amnistía menciona que, las personas que murieron eran en realidad manifestantes, observadores y transeúntes, y que la mayoría pertenecían a entornos pobres como indígenas y campesinos.
Eso sugiere un signo racial y socioeconómico, para aplicar la fuerza letal, sostuvo la representante de AI.
“Las movilizaciones que se desataron en gran parte de Perú en medio de una crisis política el pasado diciembre, incluyeron cortes de carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras. Las similitudes de la represión contra manifestantes en distintas partes del país indican una posible estrategia ordenada o tolerada por altos cargos”, opinó.
Señaló que las fuerzas de seguridad, fueron armadas con rifles de asalto y dispararon indiscriminadamente en contra de los civiles.
Ante los hechos, Callamar demandó a la mandataria del Perú, Dina Boluarte, que ponga fin al empleo de fuerzas letales en el tratamiento de las protestas ciudadanas sobre todo cuando existen indicios de que ciertos funcionarios de seguridad habrían sido cómplices penalmente en el ocultamiento de las armas empleadas.
En la represión a una movilización contra Boluarte en demanda de la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas, en Juliaca el 11 de enero, en la que fueron abatidas a tiros 15 personas y decenas más resultaron heridas de bala, AI expone: “sólo dos agentes de la Dirección de Operaciones Especiales informaron de que habían disparado cuatro municiones de calibre 7.62 con sus rifles AKM”.
No obstante, AI señaló que un policía de Apurímac le dijo bajo condición de anonimato: “Una cosa […] que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan”.
La madre de Christopher Michael Ramos Aime, de 15 años quien perdió la vida a manos del ejército en Ayacucho cuando cruzaba la calle desarmado, dijo: “Si no fuéramos pobres, Christopher no habría fallecido. Porque no habría tenido que estar trabajando […] ese día”, indicó AI.(Con información de La Jornada y otros medios)