Guasave, Sinaloa, miércoles 3 de diciembre de 2025. Al advertir que las reformas a la Ley General del Agua, criminalizan a los productores del campo, quienes utilizan el agua para la producción agrícola, Liliana Cárdenas Valenzuela advirtió que la citada legislación representa una amenaza directa para el campo mexicano.
Al referirse de manera especial a Sinaloa, conocida como «corazón agrícola del país», Cárdenas Valenzuela, añadió que la citada ley, establece multas de hasta siete millones de pesos y penas de hasta doce años de prisión a los agricultores, al tiempo que elimina los títulos de concesión para sustituirlos por permisos anuales sujetos al control político del gobierno federal.
Esta iniciativa, pretende desaparecer módulos y asociaciones de riego para sustituirlos con órganos designados desde CONAGUA y la Secretaría de Agricultura, arrebatando voz y voto a agricultores y ejidatarios, quienes históricamente han decidido de forma democrática el manejo del agua, apuntó.
En conferencia de prensa, advirtió que “el PRI defenderá el patrimonio de mujeres y hombres del campo y votará en contra de una reforma que pretende centralizar el control del agua y castigar al productor”.
Liliana Cárdenas también se refirió a la grave crisis de la pesca y la acuacultura en Sinaloa, destacando que la producción de camarón cayó 60%, pasando de más de 85 mil toneladas a apenas 34 mil, mientras que las granjas acuícolas del estado redujeron su capacidad de 79 mil a 37 mil hectáreas; “estamos ante un colapso productivo provocado por el abandono institucional, miles de familias han tenido que dejar su actividad tradicional sin que el gobierno ofrezca soluciones”, apuntó .
La representante priísta, destacó que la eliminación de los apoyos a la actividad primaria ha derivado en una aguda crisis social y económica, por lo que exigen una estrategia integral para recuperar la productividad, la sanidad y la rentabilidad del sector.
En el evento, participó Miguel Ángel López Miranda, dirigente estatal de la CNC, quien llamó a detener de inmediato las discusiones de la Ley de Aguas en el Congreso y a construir un acuerdo nacional que corrija las incongruencias del dictamen.
Subrayó que los productores quieren ser escuchados y no borrados del debate, y advirtió que una mala decisión legislativa tendría un impacto social profundo, “todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo, en el campo, con los derechos del agua no se juega”, enfatizó finalmente.